El registro de la proposición de ley del PSOE el pasado viernes, con la que el Gobierno pretende, entre otras cosas, limitar la acción popular en los tribunales, pilló por sorpresa al Partido Popular . Por el momento y por el alcance de la reforma, que incluye una disposición transitoria que anularía los procesos judiciales abiertos contra la mujer y el hermano del presidente. Un asunto que se coló inevitablemente en los corrillos de la reunión mantenida el pasado fin de semana entre los barones autonómicos del partido y la cúpula nacional, que este lunes trató este asunto con profundidad durante el comité de dirección.« Es de una gravedad extraordinaria . Este ataque a la igualdad de los españoles y a la lucha contra la corrupción que intenta perpetrar el actual Gobierno va a tener la respuesta más contundente posible del Partido Popular», reconocía este lunes Borja Sémper, quien condensó en sus palabras toda la preocupación que existe en la sede nacional de la calle Génova . «Para nosotros está al mismo nivel que la amnistía y la respuesta va a ser similar», explicaban este lunes fuentes del partido sobre un plan de choque que ya está en marcha y en el que no se descarta ninguna medida. «No hemos decidido aún nada, porque esto está muy reciente, pero si tenemos que salir a las calles, saldremos », señalaban esas mismas fuentes. Noticia Relacionada estandar Si El PP urge al fiscal general a comparecer en el Senado: «No puede pasar ni un minuto más» Emilio V. Escudero Alicia García, portavoz en la Cámara Alta de los populares, confirme ya la fecha de su comparecencia, pendiente desde hace mesesEl portavoz nacional, minutos antes, había resumido esa posible respuesta global del PPa la iniciativa impulsada por el PSOEen tres frentes: político, institucional y social . El primero se centrará en el Congreso, donde el anuncio de Junts de presentar una enmienda a la totalidad ha dado algo de aire a los populares en su lucha contra la norma, aunque también se entiende que es cuestión de tiempo –«y de cesiones», explican en Génova– que esa postura de los independentistas cambie. Será el momento de poner en marcha el siguiente plan del plano político, que pasará por el Senado , donde ya se preparan para dar batalla como hicieron con la amnistía. Como ocurrió en su momento, se pedirá a los letrados de la Cámara Alta que emitan un informe sobre la norma y se solicitarán también este tipo de documentos a todos los organismos públicos competentes. No se descarta hacerlo también al Consejo Fiscal , aunque en su momento, con la ley de amnistía, declinó pronunciarse al respecto a pesar de la petición hecha desde la plaza de la Marina. En cualquier caso, el PPdilatará al máximo la tramitación en esta Cámara, último dique de contención antes de pasar al siguiente plano, que sería el institucional. «Contra este atropello democrático y este intento de impunidad con nombre y apellidos, vamos a impulsar todas las iniciativas a nuestro alcance. Es de tal gravedad lo que enfrentamos, que el PP se lo toma en serio, tanto que va a ocupar una parte notable de nuestro tiempo. No podemos permitir que se resquebraje el Estado de derecho, no podemos permitir un nuevo clavo más en el ataúd de la igualdad entre españoles. Aunque tengas un carnet político del partido que gobierna o aunque seas familiar del presidente del Gobierno, todos los ciudadanos están sujetos a la ley y tampoco vamos a permitir amnistías retroactivas, que es lo que está planteando el señor Sánchez », explicaba este lunes Sémper, quien no descartó que el PPactive de nuevo las movilizaciones en la calle. «Nos sentimos acompañados de la inmensa mayoría de españoles», dijo el portavoz. Ese plano social le dio buen resultado al PP en su momento. No tanto para frenar la amnistía, que finalmente fue aprobada tras una tortuosa tramitación , pero sí para mostrar a Sánchez la oposición a su política. «Para nosotros es un asunto capital», dicen en Génova, «y lo vamos a tratar como tal. Si hay que volver a las calles, volveremos». Por último, Sémper habló de la respuesta institucional que, como el propio Alberto Núñez Feijóo había dejado entrever por la mañana en una entrevista en Onda Cero, remite directamente al Tribunal Constitucional. En Génova tienen cero esperanzas en este organismo, presidido por Cándido Cónde-Pumpido –fiscal general del Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, pero aun así no descartan presentar un recurso de inconstitucionalidad. « Haremos lo que sea para frenar la norma », dicen fuentes populares.
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