El cibercrimen tiene a España y a sus instituciones y empresas entre sus objetivos predilectos desde hace años. Así lo demuestra el que el país siempre se encuentre, independientemente del estudio y análisis, cerquita de la cabeza entre los que más ciberataques detectan en el mundo. Este martes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad , con la que el Gobierno busca forzar a empresas pertenecientes a sectores críticos e instituciones públicas aumentar su protección digital.«El uso de las redes y sistemas de información se ha convertido en crucial para el desarrollo de la inmensa mayoría de nuestras actividades sociales y económicas. Estas redes están sometidas a graves ciberamenazas, nuevos desafíos y riesgos que requieren respuestas adaptadas, coordinadas e innovadoras», afirmó este martes al respecto de la normativa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska .Noticia Relacionada Política estandar No Marlaska «no comparte» la imputación del Fiscal General del Estado e insiste en que «contestaba a un bulo» Luis Miranda El ministro del Interior insiste en que lo único que hizo fue «contestar a un bulo» que partió del entorno de la presidenta de MadridLa futura ley, que está pendiente de aprobación, incorporará al ordenamiento jurídico español una directiva europea del año 2022 que incluye una serie de medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. Afectará, efectivamente, a entidades pertenecientes a «sectores considerados de alta criticidad» para la sociedad española y la economía del país, como son la energía, el transporte, banca y mercados financieros, sector sanitario, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, entidades de la administración pública e industria nuclear.Todas ellas deberán realizar una evaluación individualizada de su riesgo y poner en marcha una serie de actuaciones para garantizar y elevar los niveles de seguridad de sus redes y sistemas de información y prevenir el riesgo de incidentes. Además, están obligadas a notificar problemas de seguridad significativos. También tendrán que comunicar lo más pronto posible a los destinatarios de sus servicios cualquier ciberamenaza que les pueda afectar, así como las medidas o soluciones que pueden aplicar como respuesta.El anteproyecto también afecta a otros «sectores de menor criticidad». Ahí entran los servicios postales y de mensajería; la gestión de residuos; la fabricación, producción y distribución de sustancias y mezclas químicas; la producción, transformación y distribución de alimentos; los proveedores de servicios digitales; la investigación científica, y la seguridad privada. Asimismo, el Gobierno ha anunciado la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, órgano de contacto único con la Unión Europea, que actuará como la autoridad de gestión de las crisis de ciberseguridad en el país será la encargada de que todas las empresas es instituciones especialmente sensibles a un ciberataque están preparadas para los posibles desafíos.
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