El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha empezado a moverse para desatascar no solo las discrepancias internas sobre la reducción de la jornada laboral con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sino también para tratar de atraer a los empresarios a una medida clave dentro de las relaciones laborales de todo el país, de la que se han apeado por el impacto que –insiste la patronal– tendrá en miles de negocios. El Gobierno está planteando abrir la puerta a que los plazos para aplicar las 37,5 horas semanales, frente a las 40 horas actuales , sean «flexibles» en determinadas pymes y microempresas, en función de su tamaño y sector.Estos movimientos se enmarcan en la necesidad de «acompañar» a las empresas en la transición hacia la nueva jornada, tal y como apuntó Cuerpo a principios de año, en lo que fue la mecha que encendió la guerra con Yolanda Díaz . Con los cambios que se estudian, no todos los negocios estarían obligados a implantar el recorte de la jornada laboral desde el primer momento, como prevé el acuerdo rubricado entre Trabajo y los líderes de CC.OO. y UGT. El proceso de tanteo que Economía está desplegando con la patronal analiza la modificación del calendario, haciéndolo menos rígido, incluido el nuevo registro horario, que incluye más sanciones. Es una de las alternativas que se están estudiando, según apuntan diversas fuentes empresariales a ABC. No hay negociación formal , insisten esas fuentes, pero sí hay un «contacto permanente» con todos los agentes sociales para una cuestión que se ha convertido en el primer bache político del nuevo año para el Gobierno de coalición.Uno de los temores que ha mostrado permanentemente la CEOE con el texto rubricado para reducir la jornada laboral es el impacto que tendrá en una buena parte de las empresas, si se ven obligadas a cambiar de uno día para otro su modo de funcionamiento al tener que adaptar los horarios en 2,5 horas menos a la semana.Riesgo en los más pequeñosUno de los planteamientos que se valoran pasa por incluir en la ley «periodos transitorios» al poner en marcha la reducción de jornada. Es decir, que no sea generalizada para todo tipo de empresas. Porque hay 12 millones pendientes del cambio. Se trataría de diferenciar qué tipo de sociedades pueden adaptarse desde el primer momento en que se ponga en marcha; y en qué sectores habría que esperar, ya que es más complicado hacerlo de repente por la complejidad de horarios, turnos y estructura. Hostelería en buena parte de las comunidades más turísticas o servicios de limpieza son algunas de las actividades que analizan ya cómo les impactaría una reducción generalizada desde el primer día. Además, la patronal está planteando a Economía que puedan incluirse periodos transitorios para las micropymes: empresas de menos de 10 trabajadores en las que pasar a las 37,5 horas en los próximos meses, a corto plazo, sería más complicado, recuerdan desde la patronal al Gobierno. En cualquier caso, los sindicatos insisten en que hay mucha pyme que ya está acogida a la jornada reducida por convenio y que la norma, tal y como está planteada, no les afectaría, algo en lo que choca con las patronales. La otra gran cuestión a tratar será determinar qué ocurre con las empresas que ya tienen en vigor un convenio colectivo recién pactado. Con la nueva ley, tendrían que volver a modificar la parte de la jornada laboral. En este caso, se estudia la posibilidad de dejar desplegar ese acuerdo en esos sectores, provincias o empresas concretas, hasta que culmine su vigencia. Y solamente después ya aplicar la normativa negociada por Díaz. El Ejecutivo también quiere recuperar buena parte de las ayudas planteadas en la negociación entre Trabajo y los agentes sociales para que los negocios amortiguaran el impacto que sufran. Aunque diversas fuentes consultadas por ABC indican que lo que se está tratando es de concretar qué bonificaciones serían: importes, requisitos, etc. «No pueden ser ideas generales, como hasta ahora», indican fuentes empresariales.Convencer a PNV y JuntsLa idea del Gobierno es que el texto salga de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), como está suscrito, el próximo 27 de enero , tal y como acordaron el miércoles Díaz y Cuerpo en su segunda reunión de esta semana para limar asperezas. Ese encuentro surgió como respuesta a los contactos cruzados entre varios ministros económicos, que se sucedieron el mismo jueves, atendiendo a la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para calmar los ánimos con una cuestión que está provocando fricciones entre PSOE y Sumar. Tras superar ese trámite de la CDGAE, lo más probable es que vaya a Consejo de Ministros el martes 4 de febrero , teniendo en cuenta cómo se desarrollan los plazos para este tipo de iniciativas en el seno del Gobierno. Una vez superado el trámite de La Moncloa, llegaría el parlamentario. En ese punto es donde Economía es consciente de que debe incluir cambios con los que pueda calmar el ánimo de los empresarios. Y, al mismo tiempo, lograr un consenso en el Congreso que aún no tiene garantizado para sacar adelante este proyecto de ley, y menos aún por la vía urgente. Ayer mismo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban , marcó el camino a seguir por el Ejecutivo: son favorables a reducir la jornada laboral pero cree que hay que ver «la letra pequeña» y ser «flexibles» para que las pymes no se vean afectadas. Sin sus votos, ni los de Junts, la que se ha convertido en la medida estrella para el departamento de Yolanda Díaz no saldría adelante. El grupo parlamentario de Carles Puigdemont no ha mostrado una posición diáfana al respecto, pero los contactos de buena parte del Ejecutivo y del PSC con Foment del Treball, la patronal catalana, hacen presagiar que el texto acordado solo con los sindicatos deberá adaparse para estar aprobado antes del verano y comenzar a desplegarlo, pero poco a poco , desde finales de 2025.
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