Como una ‘gota malaya’, cada nuevo indicio apuntala la imputación del fiscal general del Estado en la causa en la que el Tribunal Supremo le investiga por presunta revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Los dos testigos que declararon este jueves ante el juez, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto -quien intercambió los correos con la defensa de Alberto González Amador- reconstruyeron la tarde-noche del pasado 13 de marzo y la mañana del 14, cuando se produjo la filtración de los correos reservados (el primero de estos días) y la difusión de la nota de prensa que García Ortiz obligó a publicar a su subordinada (al día siguiente). La declaración de Lastra fue especialmente contundente : primero, porque dejó claro que en cuanto vio filtrados los correos confidenciales en los medios supo que sólo pudieron salir de Fiscalía; y segundo, porque sospechó directamente de García Ortiz y así se lo comunicó por teléfono, cuando éste le llamó la mañana del 14 de marzo sin ocultar sus prisas para publicar la nota informativa con la que presuntamente se revelaron secretos y por la que se querelló González Amador. La nota y el cianuro«Álvaro, ¿lo has filtrado tú?» , le preguntó Lastra a García Ortiz esa mañana del 14 de marzo. «Eso ahora no importa», contestó él en un momento en el que su único interés era que Lastra publicara la nota que, según revela el teléfono de la otra imputada, la jefa de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el propio fiscal general había enviado a Rodríguez la noche anterior para que le diera el visto bueno. «Dan ganas de incorporar un poco más de cianuro», le dijo su subordinada. Se trataba de la nota en la que se desmentía el acuerdo de conformidad con González Amador, investigado por dos delitos contra Hacienda, a iniciativa del fiscal Julián Salto cuando en realidad había sido al revés. Esto, horas después de que distintos medios hubieran publicado extractos de los ‘mails’ intercambiados entre el fiscal del caso y González Amador. Las sospechas de Lastra hacia el fiscal general vinieron porque la información que contenían esos correos sólo estaba en las diligencias informativas previas a la judicialización del asunto, por lo tanto, sólo podía conocerla el Ministerio Público.Noticia Relacionada Después, ‘naide’ opinion Si «Eso ahora no importa» Chapu Apaolaza En mi Españita cada vez importan menos cosas que antes tenían su importancia. Lo del tema del independentismo, por ejemplo, la necesidad de traer a España a un fugadoLastra ya dijo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que era necesario desmentir la noticia que había dado ‘El Mundo’ la tarde del día 13 de marzo, pero «se podía haber hecho de otra forma», sin lesionar derechos. Por eso, ni ella ni el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid estaban de acuerdo en difundirla. « Una cosa es que haya que salir a atajar un bulo de estas características y otra la forma de contarlo . No era necesario relatar los correos ni si el señor González había reconocido o no los hechos (…) Bastaba con explicar que había habido una filtración, quebrando la confianza con el letrado y la Fiscalía de un correo en el que se afirmaba, además, que el fiscal había recibido instrucciones de arriba para parar esa conformidad». A su juicio, se podía haber explicado eso diciendo que en este caso no había ocurrido nada distinto a otros casos abiertos por delitos fiscales, sin necesidad de dar datos que «entran dentro del margen de confidencialidad de las comunicaciones», señaló ante el TSJM. En estos mismos términos se expresó este jueves frente al nuevo instructor, ante quien compareció durante una hora y treinta y cinco minutos, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.Durante su declaración, Lastra también afirmó que el día 13 por la noche ella misma recomendó a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que no entregara los correos entre el fiscal que negoció la conformidad con la pareja de Ayuso (Julián Salto) y su defensa al fiscal general porque «es para filtrarlos». García Ortiz había pedido esas comunicaciones a Lastra y le sugirió recopilar los correos. Ella le dijo que no era necesario porque «tengo cumplida cuenta de ese tema». Por ello, el fiscal general llamó directamente a Rodríguez, quien sí se los entregó tras sacar al fiscal Julián Salto, encargado del caso, de un partido de fútbol en el estadio del Atlético de Madrid para que los recabara y procediera a enviárselos. Él lo hizo «contrariado», según manifestó Lastra, por las circunstancias en las que se le estaba reclamando, en mitad del evento deportivo y fuera de su horario laboral, pero aún así obedeció y envió lo solicitado con doble copia: una a Rodríguez y otra a la propia Lastra. Respecto a la difusión de la nota informativa del día siguiente, Lastra sostuvo con claridad ante el TSJM algo en lo que este jueves se ratificó: que entendió como una orden de la Fiscalía General del Estado que publicara la nota en la que, según denunció la defensa de González Amador, se desvelaron datos reservados a su defensa. « Lo entendí así, como una orden , y así se me hizo llegar», afirmó. «Almudena, hay que sacar la nota ya. Es imperativo»En el contexto de las prisas del fiscal general, la testigo dijo este jueves que mientras estaba en una reunión (con Policía Judicial), posterior a su primera comunicación esa mañana con García Ortiz, aquella en la que le preguntó si era él el filtrador, recibió hasta seis llamadas perdidas del fiscal general, llamadas que al no ser respondidas se vieron seguidas de un mensaje a su móvil particular. «Almudena, hay que sacar la nota ya. Es imperativo». Las claves del caso Declaración de Lastra La fiscal superior de Madrid explicó al juez que García Ortiz le ordenó emitir la nota denunciada por la defensa del novio de Ayuso y le puenteó porque se negó a entregarle los correos recogidos en ella. «Cero mensajes» La Guardia Civil no encontró mensajes en las fechas de la presunta filtración, entre el 8 y el 14 de marzo, en el móvil del fiscal general. Wasap de Rodríguez La fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez, también investigada, sí conservaba hasta doce wasaps con García Ortiz que, para el instructor, dan cuenta del papel «preeminente» del fiscal en el asunto. Cambio de terminal Un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil arrojó la conclusión de que el fiscal general entregó a los investigadores un móvil distinto al que utilizó en las fechas investigadas, con el que se hizo después de su imputación y antes del registro de su despacho. Lastra, que se abstuvo de dichas diligencias, no estuvo de acuerdo en enviar esa nota, como tampoco lo estaba su jefe de prensa, que incluso amenazó con dimitir, aunque luego por «lealtad» a Lastra lo hizo, eso sí, poniendo el encabezamiento de Fiscalía Provincial, la que dirige la coimputada Pilar Rodríguez, con quien, como se le trasladó a Lastra, García Ortiz había consensuado su redacción. La fiscal superior opinaba que contradecir la versión del jefe de Gabinete de Ayuso sobre quién propuso el acuerdo significaba que «se manipulaba políticamente el trabajo de la Fiscalía en este campo».Juan Salto, fiscal de delitos económicos Un segundo testigo remata al fiscal general: «No hay protocolo de borrado» Si la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dejó al fiscal general en una situación complicada, la del fiscal de Delitos Económicos Julián Salto también este jueves en el Tribunal Supremo supuso la puntilla, porque puso en duda la coartada que la Fiscalía General usó el pasado 19 de diciembre para justificar que la Guardia Civil encontrase «cero mensajes» en el móvil que Álvaro García Ortiz entregó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando registraron su despacho, cumpliendo con la orden del magistrado instructor Ángel Hurtado, que le investiga por presunta revelación de secretos. Salto es testigo en la causa en la que García Ortiz está imputado puesto que fue el encargado de negociar con la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso la conformidad por dos delitos contra Hacienda que se filtró a los medios en marzo de 2024. Mientras Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, sostenía que fue la Fiscalía quien hizo a González Amador el ofrecimiento de llegar a un acuerdo si reconocía los delitos, cambiando posteriormente de opinión, el Ministerio Público defendió que el ofrecimiento fue de su abogado a la Fiscalía. Y ese es el matiz que el fiscal general se empeñó en aclarar con la famosa nota de prensa del 14 de marzo -que contenía datos de los correos electrónicos intercambiados entre las dos partes-, después de que ‘El Mundo’ y otros medios publicaran los detalles de la negociación. Además de ser el fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso, motivo por el que este jueves declaró como testigo en la causa contra García Ortiz, Salto también es el responsable de las aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la Comunidad de Madrid. De ahí que las partes personadas en la causa contra el fiscal general le preguntaran este jueves por el protocolo o instrucción interna a la que el equipo de comunicación del Ministerio Público se refirió para tratar de explicar por qué, según el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el móvil que el fiscal general entregó a los agentes y éstos analizaron contenía «cero mensajes» entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas que afectan a la investigación. Las citadas fuentes trasladaron entonces que dicha «instrucción 2/2019 sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal» recomienda el borrado cíclico de mensajes por razones de seguridad. También que alude a que «una de las medidas básicas de seguridad es la destrucción, de forma segura, de dispositivos en desuso». Ya en ese momento, ABC recabó la versión de distintos miembros de la Fiscalía que negaron conocer dicho protocolo o haberlo utilizado alguna vez. De hecho, ni la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ni la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez, imputada en la causa igual que García Ortiz, borraron los mensajes intercambiados con el fiscal general en las fechas investigadas. Este jueves, durante su declaración como testigos, tanto el fiscal Salto como Almudena Lastra negaron conocer dicho protocolo, según fuentes jurídicas. Un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil unido a la causa arrojó que García Ortiz entregó a los agentes un terminal distinto al que utilizó entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, las fechas en que se habría producido la filtración de datos reservados a la defensa del novio de Ayuso. Los investigadores concluyeron que lo habría cambiado en octubre, después de conocer su imputación por estos hechos y una semana antes del registro de su despacho.
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