El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, va a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la avalancha de críticas desde distintos ámbitos, incluyendo el Gobierno, que ha recibido por el modo en que tomó declaración a la actriz Elisa Mouliaá cuando acudió a ratificar su denuncia de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Según informan a ABC en fuentes jurídicas, en un escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces, Carretero solicita asimismo que la Fiscalía tome cartas en el asunto e investigue la filtración de los vídeos de las declaraciones de ambos, que tuvieron lugar el 16 de enero y fueron ampliamente difundidas en prensa cuatro días después. Este miércoles, el Consejo General del Poder Judicial anunció que el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, había abierto una diligencia informativa para analizar la toma de declaración después de que el órgano hubiese recibido cerca de un millar de quejas y denuncias sobre el modo en que Carretero abordó aquellos interrogatorios. Noticia Relacionada estandar Si El juez, a Mouliaá: «Son tocamientos a la fuerza en una habitación. No se entiende que continúe con este señor o no le diga algo» Carmen Lucas-Torres El magistrado Adolfo Carretero destacó varias contradicciones entre la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón y su declaración en sede judicialLa polémica parte de lo incisivo de las preguntas realizadas a Mouliaá, que acudía en calidad de víctima, como del vocabulario utilizado para entrar en detalles sobre los delitos que denuncia, así como por las repreguntas y apostillas a su testimonio que el magistrado fue enunciando en ocasiones, interrumpiendo su relato. En el caso de Errejón, las quejas se han centrado en la forma en que preguntó sobre su dimisión para intentar averiguar si se debía a estos mismos hechos, cuestionando su coherencia ante las respuestas que el político ofreció. Una de las primeras voces críticas que se alzó tras la difusión de los vídeos fue la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien en la red social X refirió que «este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección». «El juez debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima», decía.Cabe recordar que ni el abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ni la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, interrumpieron al magistrado durante las comparecencias ni elevaron objeción alguna. Arrién, que ha concedido estos días entrevistas en televisión, viene de hecho sosteniendo que el magistrado sólo hacía su trabajo, que es comprobar que la denunciante no entra en contradicciones «y no se derrumba», es decir, que ofrece un relato sólido capaz de enervar la presunción de inocencia de Errejón.
Leave a Reply