Las bajas laborales no dan tregua y el Gobierno comienza a dar pasos firmes para buscar soluciones junto a los agentes sociales que atajen el gasto, que junto a las pensiones, está tensando las costuras de la Seguridad Social con 15.700 millones en 2024, año en el que se produjeron 5,5 millones de ausencias al trabajo . Los desembolsos estuvieron más de un 7% por encima de un año antes -con datos a noviembre- y se deslizaron al alza casi 4.000 millones respecto a lo presupuestado inicialmente para el ejercicio.La ministra Elma Saiz ha citado hoy a los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y a los líderes de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, a un encuentro para emprender una reforma de la incapacidad temporal con medidas como las polémicas altas laborales progresivas que provocaron un choque entre la responsable de las pensiones y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hace unos meses cuando la primera hizo públicas sus intenciones. «Con la salud no se juega» , aseguró entonces la titular de Trabajo, respaldada por los sindicatos. Supervisión médicaPero la propuesta de Saiz de entonces, tal y como se entendió, no es como se plantea ahora. La intención del Ejecutivo es que cualquier reincorporación al puesto de trabajo tenga que tener el aval de un médico, a diferencia de la voluntariedad que se planteó inicialmente. Se persigue la gradualidad en la incorporación del trabajador tras recibir el alta en periodos prolongados de baja. Será en ese momento cuando el empleado podrá compatibilizar la prestación por incapacidad temporal y el salario, a través de la fórmula que se arbitre como resultado de la negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Noticia Relacionada estandar No De la silla de ruedas al ‘quad’: así cazan el fraude en las bajas los detectives Susana Alcelay La sombra de los abusos se cierne sobre el alud de ausencias al trabajo, que este año impulsarán el coste del absentismo hasta casi 30.000 millonesEsto significa que el trabajador no se podrá reincorporar por su propia voluntad, como se llegó a entender tras el primer anuncio de la ministra de Seguridad Social. No habrá, por tanto, una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja, Las bajas seguirán siendo bajas y las altas, altas, y solo tras estas se podrá abordar e n qué condiciones se produce la reincorporación . La idea con esta medida es atajar los procesos de mayor duración, teniendo en cuenta que la estadística refleja que los procesos de más de un año han crecido cerca del 30% en un año . Prioridad en la agenda política«Es un problema real que debería estar como prioridad en la agenda política. Como sociedad no nos podemos permitir el gasto desproporcionado de recursos, tanto públicos como privados que suponen las bajas laborales«, asegura Miguel Garrido, vicepresidente primero de CEOE y presidente de CEIM. Añade que los datos de muestran que si las mutuas pudieran participar en la gestión y agilización de estos procesos, se ahorrarían millones . La patronal de Madrid y las mutuas han presentado un informe sobre el absentismo en el que se refleja que en regiones como Madrid el coste de las bajas laborales por enfermedad o accidente no relacionadas con el trabajo ascienden a 5.027 millones, un 99% más en los últimos seis años.La reticencia a una mayor participación de las mutuas en los procesos de alta y baja laboral es total por parte del Gobierno y de los sindicatos. Los últimos pasos en este sentido ha sido un convenio con las autonomías para un mayor control de las mutuas en los procesos traumatológicos, aunque su participación se reduce a la realización de pruebas, que precisarán de autorización del médico de los servicios públicos de salud y del paciente.Impacto en las empresasEl impacto económico de las bajas por enfermedad no se circunscribe únicamente a la cuantía de las prestaciones por incapacidad temporal que paga la Seguridad Social y la mutuas, también supone un coste directo e indirecto para las empresas en prestaciones, cotizaciones sociales y mejoras de la ayuda pactadas en convenio , a lo que se añaden también factores como la productividad o el coste de oportunidad. Según AMAT, en 2024 el gasto de la Seguridad Social y de las empresas alcanzó los 28.987 millones, 3,700 millones más que un año antes.
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