Los acuerdos con la sociedad estatal saudí SELA que suscribió la Real Federación Española de Fútbol bajo presidencia de Luis Rubiales para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí «debieron ser informados previamente por la Comisión Económica, por el Departamento de Marketing y además, por el Comisionado de Control Externo» antes de ver la luz, pero nada de eso se hizo. Es la conclusión a la que ha llegado la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) tras analizar, a la luz de la normativa interna, el proceso por el que se suscribieron aquel contrato en septiembre de 2019 y sus adendas de diciembre de 2020 que garantizarían 40 millones de euros por cada edición del torneo que se celebrase en Arabia Saudí para la RFEF, con una comisión para la empresa intermediaria , Kosmos, del exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué. El informe, adelantado por El Confidencial y al que tuvo acceso ABC, detalla que como la institución iba a obtener una contraprestación económica, todos esos órganos debieron conocer del contrato y emitir un dictamen al respecto, pero «de la documentación examinada, no consta que se hayan evacuado los informes referidos, salvo los del Comisionado de Control Externo respecto de las Adendas suscritas en diciembre de 2020». Noticia Relacionada estandar No La juez del ‘caso Supercopa’ da luz verde a la UCO para ampliar el análisis del correo de Rubiales Europa Press Ordena convertir a euros las criptomonedas de ‘Nene’ y retenerlo hasta el fin del procedimientoLa Inspección añade que además, la Unidad de Auditoría y Control Interno de la RFEF «tenía la misión adicional de comprobar y tutelar el correcto funcionamiento de todos los procedimientos» y poner de manifiesto ante los órganos de gobierno de la institución «cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo estipulado» y, llegado el caso, denunciarlo ante el Consejo Superior de Deportes. «Se desconoce si estos órganos han realizado alguna actuación en base a las mencionadas competencias, respecto de los acuerdos», dice el responsable de la IGAE que suscribe el informe. De paso, deja claro que como el Manual de Procedimientos de Ámbito Económico de la Federación «no contiene ninguna norma sobre la competencia en relación con los ingresos que superen los 6.000 euros», esta corresponde directamente al presidente, que era Rubiales. La causa no viajará a la Audiencia NacionalEl informe se ha aportado a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, donde la instructora mantiene las riendas de la causa que se sigue por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, pese a la petición que había elevado la acusación que ejerce La Liga de trasladarla a la Audiencia Nacional. En una reciente resolución, a la que tuvo acceso ABC, la Audiencia Provincial confirma que la instructora Delia Rodrigo es competente para entender de los hechos porque «no consta de qué modo los delitos objeto de la instrucción puedan haber afectado a la economía nacional, sin perjuicio del quebranto que pudieran haber causado a las entidades perjudicadas por estos delitos», de modo que no se cumple este requisito para remitirlo a los Juzgados Centrales de Instrucción.
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