Finalmente, y tras una semana de dimes y diretes y mucha incertidumbre, el PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para sacar adelante las medidas sociales de mayor calado que cayeron con el ‘no’ del Congreso al llamado ‘decreto ómnibus’ , norma que era un batiburrillo de medidas y en la que el Gobierno pretendió aprobar en bloque cosas tan dispares como la cesión al PNV de un palacete en París y la revalorización de las pensiones (un 2,8%). Por la negativa de los nacionalistas catalanes y de los populares a ceder a la presión, entonces la subida de las pensiones, las ayudas a la dana y las subvenciones al transporte que ya habían sido aprobadas en el último Consejo de Ministros del año quedaron automáticamente derogadas, a la espera de que el partido de Gobierno resolviera el entuerto.Noticia Relacionada estandar Si Feijóo acusa al Gobierno de un uso «inmoral» de los pensionistas y los afectados por la dana Emilio V. EscuderoComo ya se ha avanzado, hoy Sánchez ha logrado salir del paso mediante un acuerdo con Junts que le permitirá sacar adelante, mediante un nuevo decreto, la subida de las pensiones, el ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte y a los afectados por la dana, el bono social y la prohibición del corte de suministros a familias vulnerables. Lo más acuciante era resolver la revalorización de las pensiones, que supone una subida del 2,8% con carácter general (en línea con la inflación) para las del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. En enero los pensionistas han cobrado el importe revalorizado, pero hasta esta mañana había mucha incertidumbre sobre si el acuerdo para un nuevo decreto llegaría a tiempo para el cobro de las nóminas de febrero. A su vez, también se ha salvado la subida de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, que será del 9%, y de las pensiones mínimas, del 6%.El segundo gran asunto pendiente eran las ayudas al transporte, medida que -según lo acordado en Consejo de Ministros el 23 de diciembre- tiene que aplicarse hasta el uno de julio, fecha en que entrará en vigor el nuevo esquema de bonificaciones. Lo que se ha salvado hoy son los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y líneas de autobús de titularidad estatal , así como las ayudas directas a las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones para asegurar descuentos al menos del 50% en el precio de los billetes y abonos multiviaje de los transportes que son de su competencia.Junts consigue un compromiso sobre desahuciosUno de los puntos más peliagudos que se incluían en el decreto fue la prórroga de la prohibición de desahuciar a los inquilinos vulnerables que no pudieran hacer frente a sus alquileres. Esto está incluido en el paquete, aunque el ‘sí’ de Junts ha sido a cambio de medidas para «combatir las ocupaciones delincuenciales», se lee en una nota de los nacionalistas catalanes . «Se prevén medidas para proteger a familias vulnerables, así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o los morosos», han asegurado los de Míriam Nogueras. Exactamente, se refieren a «la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos». Hasta ahí ha llegado el presidente Sánchez; cómo se concretará este mecanismo, o cómo se financiará, es algo que el Ejecutivo irá perfilando en los próximos días. Sea como fuere, el caso es que se mantiene la suspensión de los desahucios a familias vulnerables, una polémica norma que el Gobierno de coalición con Podemos impulsó en plena pandemia, y que también se ha ido actualizando con el paso de los años. Con esta normativa, un propietario no puede expulsar a su arrendatario de su inmueble si se declara en situación de vulnerabilidad, bajo unos determinados parámetros que fija la ley. El problema es que esa situación se está enquistando para muchos dueños de inmuebles, que ven cómo sus inquilinos permanecen en sus casas sin pagar el alquiler mensual, y los servicios sociales de la Administración no actúan, como obliga la norma, para solucionar esa situación. Lo que queda fuera del acuerdoLo que queda fuera son las medidas menos sociales, como la prórroga del escudo anti-opas . Se trata de un encaje legal por el cual España puede impedir la llegada de inversores internacionales, ajenos a la Unión Europea, para hacerse con una parte importante de compañías nacionales que el Gobierno considere «estratégicas». Esta medida se encuentra en vigor desde el año 2022, y ha sido prorrogada continuamente cada vez que ha vencido el plazo estimado, para evitar el desembarco de esos grupos inversores. Casos como el de Talgo, pendiente de una operación para fortalecer su accionariado; Telefónica, con la llegada de los saudíes de STC, son algunos de los que el Ejecutivo ha tenido que pronunciarse tal y como establece ese escudo.Por otra parte, sin la ley ómnibus se acaban las ayudas a la electrificación de vehículos y las ayudas al que compre un coche eléctrico. El Plan Moves termina y eso es un problema no sólo para la industria; lo es también para el empleo, porque Stellantis había comprometido empleo y producción en Vigo, Zaragoza y Madrid que ahora quedan en el aire.
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