El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido imputar a Cristina Álvarez , asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en una resolución que cambia su estatus al de investigada frente a la condición de testigo que venía ostentando. Tendrá que volver a declarar, ya con abogado, el 28 de febrero. En paralelo, ha oficiado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que recabe sus tráficos de llamadas. En concreto, en una resolución a la que tuvo acceso ABC, el instructor señala que «de las diligencias hasta ahora practicadas, en conjunción con la declaración testifical de Dña. Cristina Álvarez, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados a Begoña Gómez, por lo que procede el cambio de su estado procesal al de investigado», como había solicitado la acusación que ejerce HazteOír . Apunta «tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios».Mientras, en otra decisión notificada este martes, oficia a la UCO para que obtenga «el registro de llamadas realizadas y recibidas por la señora Álvarez desde su nombramiento y hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a números vinculados al señor (Juan Carlos) Barrabés y su grupo» empresarial. Noticia Relacionada Encuentros con altos directivos estandar Si Begoña Gómez montó su software tras tres reuniones con la cúpula de Telefónica Carmen Lucas-TorresAsimismo, reclama el mismo registro de comunicaciones que hubiera realizado o recibido del África Center del Instituto de Empresa que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, así como de la« Organización Mundial del Turismo, Indra Sistemas, Google, Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación laCaixa, Reale o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinaba los másters o cátedras en las que participó Begoña Gómez». La diligencia abarca tanto las comunicaciones que realizase o recibiera al número de teléfono que identificó como propio durante su testifical « como desde cualquier otro teléfono que tuviera asignado profesionalmente por su contratación por presidencia del Gobierno». Para Peinado, se trata de « una medida idónea, necesaria y proporcional, en atención a la gravedad del hecho investigado, y supera el juicio de la excepcionalidad», si bien no detalla en concreto por qué razones se acuerda esta iniciativa. Asesora desde la Secretaría General de PresidenciaÁlvarez es directora de Planes en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Su nombre salió a colación durante la investigación del «despegue» de la carrera de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid porque tanto el rector como el ex vicerrector la situaron como persona de referencia en los trámites y gestiones de la cátedra extraordinaria que dirigía la mujer del presidente del Gobierno y el software que en su seno, se estaba creando vinculado a uno de las titulaciones. Las pesquisas revelaron que sí realizaba determinadas gestiones en favor de Gómez , al aparecer como destinataria y emisaria de distintos correos electrónicos vinculados a la cátedra. En uno de ellos, remitido desde su cuenta oficial de Presidencia del Gobierno, daba directrices para la organización de un congreso auspiciado por la cátedra. En otros, solicitaba a un patrocinador que renovase la colaboración o pedía información sobre cuestiones del software.Nueva tanda de testigosLas acusaciones populares, a instancias de HazteOír, pidieron su imputación, pero el instructor la descartó a priori y mantuvo su estatus de testigo. Cuando prestó declaración en esa condición, explicó que había llegado a Presidencia del Gobierno por ser persona de confianza de Gómez, que fue quien la propuso, y que sus funciones consistían asistirla, llevarle la agenda y gestionar sus actos institucionales. Por otra parte, el juez ha acordado una nueva tanda de citaciones y en concreto, ha convocado como testigos a la interventora de la Complutense , María Elvira Gutiérrez y a la número 2 de la cátedra con Gómez, Blanca María de Juan. También a los CEO de Google Spain e Indra , así como al consejero delegado de telefónica. Deberán acudir al juzgado el 26 de febrero.
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