La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego , y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, han fijado este jueves los criterios que se establecerán para el reparto de los menores extranjeros no acompañados en el archipiélago y en la ciudad autónoma de Ceuta. Ambos han celebrado el acuerdo como un gran avance en las negociaciones para resolver la crisis migratoria que afecta especialmente a las islas, pero lo cierto es que ni siquiera han sabido concretar si se plasmará en un proyecto de ley o un real decreto ley .Por lo pronto, el Gobierno central y el canario han pactado recuperar el espíritu de los criterios acordados por unanimidad entre todas las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en 2022, pero han añadido, en un claro intento de atraer los votos de Junts y retener los del PNV , uno que busca aliviar la carga de menores que deberían asumir regiones como Cataluña y el País Vasco. Además de la población, el producto interior bruto y la tasa de desempleo, indicadores todos ellos por los que tanto Cataluña como el País Vasco deberían asumir más menores que otras comunidades, se añaden la situación de partida y el esfuerzo previo de cada autonomía. Es decir, si desde que estalló la crisis migratoria que colapsa la capacidad de acogida de Canarias hay comunidades que han asumido menores y sufren mayor presión migratoria que otras, esto también se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar el reparto. En total, se reubicarán 4.900 menores migrantes: 4.500 que ahora mismo están en Canarias y cuatrocientos que acoge Ceuta. Esto, siempre y cuando, obviamente, el plan del Gobierno logre un respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados, donde en julio se llevó un sonoro revés en su primer intento al fracasar su reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Con ella, ha insistido este mismo jueves la ministra Rego, se lograría una solución estructural y no atajar la «situación puntual» que se debate ahora.Clavijo exige al Gobierno que apruebe un decreto, el mecanismo más rápido, para acometer el reparto de los menores en Canarias y Ceuta, pero el Ejecutivo estudia si es posible utilizar esta vía en una cuestión que afecta a derechos fundamentales o si es necesario un proyecto de ley. Este extremo no se ha resuelto este jueves en la reunión mantenida entre él y Rego en Madrid, en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia, pero aun así el presidente canario ha calificado la jornada como «muy provechosa».Tanto Junts como el PNV habían reivindicado que la presión migratoria de cada comunidad y la acogida previa se tuviesen en cuenta de cara a nuevos repartos, pero está por ver aún en qué medida alivia esto a sus comunidades autónomas y si los nuevos criterios ponen en pie de guerra al resto. Fuentes del Gobierno y del Ejecutivo canario niegan que se les haya excluido de manera alguna y hablan de parámetros objetivables que generen un equilibrio y, sobre todo, mejoren las condiciones de los menores.Por el momento, según fuentes conocedoras de la cita consultadas por ABC, no se ha hablado de números ni se ha hecho una simulación de cuántos menores debería acoger cada comunidad autónoma. Tampoco aclaran cuál será la ponderación de cada criterio para saber si, por ejemplo, tendrá más peso la población de cada territorio o ese esfuerzo previo que se introduce ahora en la ecuación. Será el ministerio quien, con los datos en la mano, establezca cuántos corresponden a cada región. Y ahí se verá hasta qué punto, si es que lo son, resultan beneficiadas Cataluña y el País Vasco. Preguntada sobre si esto satisfará a Junts, Rego tan solo ha dicho: «Estamos trabajando para que haya los acuerdos necesarios para llevarlo al Congreso». También ha dicho que el Gobierno sigue negociando con los independentistas cómo se concreta el traspaso de la gestión de inmigración. Otra batalla.
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