La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha vuelto a pedir a la Generalitat Valenciana que comunique, «en el improrrogable plazo de cinco días», qué persona tomó la decisión de enviar la alerta masiva a los móviles de la población, el 29 de octubre, mientras una catastrófica dana arrasaba la provincia de Valencia.La documentación remitida -más de mil folios- por la Conselleria de Interior y Emergencias al tribunal no responde a la petición realizada por la magistrada, que también solicita que se identifique al funcionario o al técnico que ejecutó esa orden pasadas las 20 horas, cuando las poblaciones ya estaban inundadas. No existen grabaciones oficiales de la reunión de aquella fatídica tarde del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).Asimismo, la juez ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- que facilite «la integridad» de los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de esa fatídica jornada y precise «el medio utilizado de transmisión», si éste consistía en su publicación en la página web de la CHJ o se usó algún otro.Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el auto señala que existe un intervalo de tiempo -dos horas y media- sin avisos -correos electrónicos- sobre la cantidad de agua que llevaba, aunque precisa que la propia Confederación informó en una nota de prensa el martes de que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba y transmitía datos actualizados cada cinco minutos.En su resolución, notificada este jueves a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas en el procedimiento, la magistrada ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación -que informaron desde primera hora del temporal- vídeos sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como «sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas» durante esa fecha.Además, ha citado a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.La «simple percepción directa» frente a los datosEl escrito judicial recoge que de la práctica de los ofrecimientos de acciones y declaraciones de testigos y familiares de los fallecidos del partido judicial de Catarroja «se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta».La magistrada recuerda que muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, mientras que otras estaban o circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.La instructora considera que es necesario analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal del barranco del Poyo y su conocimiento por parte de los responsables de Emergencias, sino también si la « simple percepción directa de cualquier persona cercana» a esa rambla de la «intensidad del desbordamiento» pudo permitir a esos responsables conocer la situación.Además de analizar la remisión del mensaje por el sistema Es-Alert, la titular del órgano judicial entiende que ha de dilucidarse también si se comunicó el riesgo existente a la población y la evolución de las circunstancias meteorológicas por «otros medios» de forma previa, como «conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios». El auto puede ser recurrido en reforma o apelación.Investigación centralizadaComo viene informando ABC , el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja se ha ofrecido a centralizar todas las denuncias y querellas por las consecuencias de la dana, con 224 muertos, tres desaparecidos y daños materiales multimillonarios, que siguen llegando a distintos órganos judiciales de la provincia de Valencia.Conforme se vayan produciendo las peticiones de inhibición que lleguen de otros juzgados todas esas actuaciones se van a acumular a las diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades del partido judicial de Catarroja.Para proporcionarle apoyo en una investigación que se prevé larga y compleja, la Fiscalíaha creado un equipo de cinco profesionales, entre los que se incluyen especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal.
Leave a Reply