Los trabajadores con menos de 34 años acumularon más de 2,7 millones de bajas de incapacidad temporal por contingencias comunes en 2023, lo que supone triplicar los casos registrados por la Seguridad Social con respecto a los que había en 2020, en plena pandemia. La incidencia acumulada por este colectivo de empleados –en muchos casos, recién incorporados al mercado laboral– amplía la brecha que ya tenían con los mayores de 55 años, cuyas bajas se mantienen estables en el entorno de los 1,3 millones de procesos iniciados el año pasado, según los datos de AMAT a partir de los últimos registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.Después del ‘shock’ laboral que provocó el coronavirus en la economía y la vida de millones de españoles, las bajas de los más jóvenes han ido creciendo exponencialmente estos años mientras que las de quienes se acercan a la edad de jubilación apenas han cambiado. Entre ambos se encuentran los trabajadores de entre 35 y 54 años, que acumulan algo más de cuatro millones de procesos de incapacidad.La incidencia de los trabajadores más noveles –un dato que mide esas bajas con respecto al número de empleados en activo– es la mayor de todas las franjas de edad, con 43 casos por cada 1.000 trabajadores; frente a los 30,7 casos en los de mediana edad; y los 25,6 casos de los mayores. Estos datos completan una radiografía que revela cómo se iniciaron 8,7 millones de procesos de bajas por enfermedades y accidentes no laborales en 2023, que supusieron un coste de más de 28.987 millones de euros en prestaciones económicas de Seguridad Social y en impacto directo para las empresas. Este importe prácticamente se ha duplicado en los seis últimos años. Y lo ha hecho, entre otras causas, por la incidencia que está aumentando en torno a los casos vinculados a la salud mental. Solo en 2023 se diagnosticaron 367.000 bajas , lo que supone un incremento del 70% con respecto a los datos previos a la pandemia. Y diez veces más que los casos registrados hace una década, cuando este tipo de patologías representaban una mínima parte de los procesos de incapacidad temporal. Con todas estas estadísticas encima de la mesa, el Ministerio de Seguridad Social ha iniciado ya las negociaciones con empresarios y sindicatos para abordar una reforma de la incapacidad temporal, después de que el coste para las arcas del sistema público se haya disparado hasta por encima de los 18.000 millones de euros .Cambios en el sistemaEn ese proceso de diálogo, que aún es incipiente, el organismo ha mostrado su preocupación por el incremento de casos, por los plazos de resolución y por el propio impacto presupuestario. La directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, ha indicado que la patronal es partidaria de «eliminar o transformar» los complementos que las empresas añaden a los de la Seguridad Social para completar el salario de los trabajadores en periodo de incapacidad temporal por contingencias comunes. Desde AMAT piden, entre otras medidas, facultar a las mutuas para realizar la gestión integral de las bajas al menos en los casos de traumatología. De hecho, el acuerdo con las comunidades autónomas para que las mutuas tengan la gestión de estos procesos está muy avanzado.Desde las esferas empresariales celebran que se haya podido llegar a un acuerdo con la Seguridad Social en este tema y agradecen el cambio de «talante» del departamento , según apunta el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo. Este ejecutivo recuerda que el absentismo laboral supone una «enorme presión para la rentabilidad de la empresa y sobre los precios» que pagan los clientes en los supermercados.
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