Ciento dieciséis días después de que el Grupo Popular solicitara su comparecencia, el fiscal general del Estado ha acudido este martes al Senado para presentar una memoria, la de 2023, que, aunque caduca, no por ello dejaba de suscitar interés . No en vano era la primera vez que Álvaro García Ortiz acudía al Parlamento con su nueva condición de imputado, estrenada hace escasos cuatro meses por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos para « acabar con una rival política », como le han recordado desde la bancada popular por la filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Contra todo pronóstico, García Ortiz ha entrado en materia para defender esencialmente lo mismo que hizo en respuesta a su abogado ante el Supremo ( al juez no le quiso responder ), pero en esta ocasión con un halo de victimismo, pues considera que por ser fiscal general « no tiene menos derechos que cualquier otro ciudadano ». Sin embargo, cuando desde el Grupo Popular y Vox han pedido su dimisión de nuevo para no seguir dañando a la institución, ha vuelto a aferrarse con uñas y dientes al cargo. «Dimitir sería una concesión a los delincuentes, que como vean un ápice de debilidad, van a aprovecharlo », ha apostillado en la Cámara Alta, donde ha expresado, además su hartazgo por la inversión de la carga de la prueba que supone tener que demostrar él que es inocente cuando tienen que ser otros los que demuestren su culpabilidad. Ha empezado fuerte el fiscal general su intervención, alertando del peligro que suponen para las democracias « las informaciones que tergiversan la realidad ». Ha reconocido que se encontraba en una situación incómoda tanto por su condición de encausado como por el hecho de que se le relacione con el Gobierno. Decir que el Ejecutivo «asalta las instituciones es equivocarse», ha dicho, defendiendo la legitimidad de su nombramiento. Se ha presentado así como una figura « imparcial » encontrando una respuesta para cada uno de los polémicos episodios que el Grupo Popular y Vox desde el Mixto le han echado en cara: desde su negativa a hacer un informe sobre la amnistía antes de que la ley se aprobara, el cambio de criterio en Tsunami (que pasó de ser terrorismo a no serlo), el baile al son del Gobierno con la ley del «sólo sí es sí», la prescripción del caso Miguel Ángel Blanco… Y por supuesto el borrado de los mensajes de su móvil « hasta en dos ocasiones » el día el mismo día en el que fue imputado por el Supremo. A la semana se deshizo del propio teléfono , pero ese episodio ni lo ha mencionado.Noticia Relacionada Tribunal Supremo estandar Si Tres magistrados tienen en sus manos el horizonte penal de Álvaro García Ortiz Nati Villanueva La Sala de Apelaciones resolverá los recursos de la defensa del fiscal general y de la teniente fiscal contra los registros, claves en la causaLa eliminación de los mensajes de su móvil la ha justificado en los datos que tiene «tantas personas y de tanta gente» y en que la protección de datos lo exige, obviando que el momento procesal en el que ese borrado se produjo. «Quien mantenga en sus dispositivos datos relativos a terceros incumple normativa de protección de datos », se ha atrevido a decir en su defensa obviando. A eso se suma, ha dicho, que «borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad. No se pueden imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. Y ha lanzado una pregunta al aire que desde el Grupo Popular se ha interpretado como una auténtica amenaza. «¿Qué pensarían si yo tuviera en mi poder datos de su familia o partidos y esos datos se filtraran ?». La eliminación de su cuenta personal de correo, en la que recibió la cadena de correos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto y cuyos extractos aparecieron minutos después en la web de la cadena Ser, ha dicho que eliminó (y tuvo que cambiar también de línea de teléfono) porque se metían con él. « He tenido que cambiar hasta la línea de teléfono », ha comentado con esa actitud victimista. No pudo tener queja el fiscal general del exquisito trato que ha recibido por parte de los portavoces de Izquierda Plural, Junts y sobre todo de José María Oleaga, del PSOE, que muy contrariado, cinco minutos antes de que terminara la comparecencia ha abandonado la sala porque el portavoz del grupo popular había llamado a García Ortiz « presunto delincuente » por el borrado de los mensajes. «La democracia es muy fuerte y al final la justicia va a reinar y superaremos estos avatares de la unión de la derecha con la extrema derecha », le ha animado momentos antes. Quienes no han tenido misericordia con García Ortiz fueron los populares María José Pardo primero y Antonio Silván después. «Usted representa hoy una auténtica anormalidad democrática , el primer fiscal general imputado por filtrar datos de un ciudadano particular. Qué indecencia que quien debe perseguir el delito lo cometa. Si tuviera dignidad habría dimitido hace ya mucho tiempo».
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