El novio de Ayuso decide no declarar a la espera de ver si se amplía la investigación contra él

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso , se ha acogido a su derecho a no declarar , por recomendación de sus abogados, en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid.La juez que le investiga por dos delitos contra Hacienda de 350.000 euros y uno de falsedad documental le había citado después de que su declaración se pospusiera cuatro veces. Su defensa ha solicitado que la declaración se pospusiera una vez más, puesto que la Audiencia Provincial debe resolver un recurso que presentaron sus abogados contra la apertura de una nueva pieza de investigación contra él por presunta corrupción en los negocios abierta a petición de la Fiscalía. Sus letrados querían que la declaración por delitos fiscales, relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021 reconocidos por González Amador -colaboración que le evitaría la prisión en un acuerdo con la Fiscalía que sigue en pie- fuera una vez resuelto dicho recurso, puesto que consideran que, de haber declarado, se habrían vulnerado sus derechos. Sin embargo, la juez Inmaculada Iglesias ha decidido continuar con la comparecencia y, en ese caso, él se ha acogido a su derecho a no declarar.La nueva pieza de investigación recurrida el 10 de enero versa sobre una supuesta comisión «encubierta» de casi 500.000 euros que, según el Ministerio Público, González Amador habría pagado a la mujer del presidente de Quirón Prevención.Dicho pago se habría correspondido, según un informe de la Fiscalía presentado ante la Audiencia provincial para que continúe con la investigación de esta nueva vía, con la compra en 2020 de una empresa, Círculo de Belleza SL, de productos de limpieza, que según el fiscal no tenía «valor» ni actividad. De ahí que para la Fiscalía suponga más bien un «soborno» de González Amador. La continuación de esta línea de investigación que la Audiencia Provincial tiene que confirmar o anular complicaría el futuro judicial de González Amador, puesto que el reconocimiento de los delitos fiscales conllevaba no entrar en prisión. La apertura de otra vía de investigación en el ámbito penal por delitos penados con hasta cuatro años de prisión podría poner en peligro dicha conformidad con el Ministerio Público.