Las 443 familias que en 2014 invirtieron sus ahorros para levantar su futuro hogar sobre las antiguas cocheras de Cuatro Caminos empiezan por fin a ver la luz al final del túnel. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ratificó este martes, entre aplausos de algunos cooperativistas que acudieron a la tribuna de invitados, el convenio urbanístico entre Residencial Metropolitan Sociedad Cooperativa y Metro de Madrid para el planeamiento de este ámbito con los votos a favor del PP y Vox, lo que de facto supone desbloquear esta operación que llevaba más de una década encallada entre retrasos y recursos judiciales. Esta aprobación es un «hito importante», celebra Desiré del Río, vicepresidenta de la cooperativa, pero no pone fin al via crucis urbanístico de estas familias, que invirtieron una media de 200.000 euros «que estaban hasta ahora secuestrados» para edificar sus pisos en Chamberí. Ahora, explica esta cooperativista, se debe aprobar el proyecto de urbanización, que requiere, entre otros informes, el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio, que debe determinar cómo proteger los elementos de las cocheras atribuidas a Antonio Palacios que no fueron demolidos: la embocadura del antiguo túnel de metro que servía de acceso a las vías de las líneas 1 y 2, el cerramiento de la Casa Tuduri y el muro lateral de las cocheras.«Esperamos que las administraciones que tienen que emitir dichos informes y gestionarlos sean diligentes para que con su esfuerzo tengamos la aprobación inicial en junio de este año. Con ello, podríamos pedir licencia de obras, y empezar a construir», apunta Del Río. Así, las primeras máquinas podrían entrar en este solar en 2026, y «si todo marcha adecuadamente, en el año 2029 deberíamos estar entrando en nuestras viviendas», detalla la portavoz de la cooperativa. Además, «Metro podría hacer uso de sus cocheras nuevas y los vecinos del distrito de Chamberí disfrutar de un parque público de más de 16.000 metros cuadrados».Noticia Relacionada estandar No Madrid pisa el acelerador hacia la F1: luz verde a la transformación de Ifema para acoger el circuito Helena Cortés El Pleno ha aprobado con los votos en solitario del PP, el Plan Urbanístico para la reordenación de este ámbito«Hoy sí va a ser, para malestar de la izquierda, la última vez que se debata este tema en este Pleno porque finalizamos la tramitación urbanística de una operación que es indudablemente buena para Madrid y para los madrileños porque permite recuperar un enclave y convertirlo en zonas verdes, equipamientos y vivienda», argumentó ayer en el Pleno Borja Carabante, que destacó que tras esta operación no hay «ni un pelotazo» ni «fondos buitres ni especuladores», sino familias «que han vivido un infierno», defendió Ignasio Ansaldo, edil de Vox, Desde el PSOE, el edil Antonio Giraldo lamentó que las históricas cocheras de Antonio Palacios se destruyesen «en favor de los intereses inmobiliarios». Es la misma «especulación», que criticó la concejala de Más Madrid Sara Ladra: «El resultado es unas familias que llevan esperando una década su vivienda, el barrio ha perdido la oportunidad de disponer de un espacio que pudiera albergar, además de vivienda pública y privada, zonas verdes y equipamientos públicos que llevan años reclamando y una ciudad que ha perdido un elemento patrimonial, las cocheras».Estas fueron derribadas en 2021, un año antes de que el Tribunal Supremo tumbase el proyecto que impulsó en 2014 el gobierno de Ana Botella y que pronto suscitó el rechazo de asociaciones en defensa del Patrimonio. En diciembre de 2023, parecía que el proyecto de este nuevo barrio había resuelto sus deficiencias, pero entonces surgieron nuevas dudas: la ley de Vivienda exige un 20% de pisos con protección pública. Finalmente, al ser un planeamiento previo a la norma estatal, se ha mantenido ese 10%. Ley de viviendaUna de las principales causas del último parón que ha obligado a retrasar la construcción de los bloques de edificios ha sido la ley de Vivienda estatal, que obliga a incrementar del 10 al 20% la superficie de suelo reservada a vivienda protegida. Sin embargo, el Consistorio se negó en su momento a modificar el porcentaje, por lo que pudo esquivar la ley impulsada desde el Gobierno central. Según informó el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, «la ley no afectaba a expedientes ya iniciados y no era necesario elevar el porcentaje de vivienda protegida al 20%». «Hay familias que no han podido aguantar», lamentan los cooperativistas. Los que han resistido, sin embargo, celebran que por fin dan pasos hacia delante a su nuevo hogar. «Y parece que esta vez es de verdad».
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