Un par de horas después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciara en rigurosa exclusiva un acuerdo con el Gobierno para la condonación de la deuda de Cataluña , la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar la condonación de hasta 83.252 millones de euros de todas las comunidades autónomas, lo que supone el 25% del total y alrededor de la mitad de la que está en manos del Estado.Se sabía que el diablo iba a estar en los detalles y la compleja metodología en tres fases diseñada por el Ministerio de Hacienda y ERC arroja un resultado especialmente favorable para Cataluña, Canarias y Andalucía , y bastante menos favorable a otras comunidades autónomas que figuran como las más maltratadas por el sistema de financiación autonómica actual como son la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia.«Esta operación tiene su origen en un acuerdo político con ERC y Hacienda se ha ocupado como se comprometió de que ese acuerdo se extrapole a todas las comunidades autónomas de régimen común», ha explicado más de una hora después del anuncio de Junqueras la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para justificar la singular puesta en escena de una propuesta que de aprobarse hará historia en la gestión fiscal de la España de las autonomías: será la primera vez que el Estado asuma la deuda generada por los desequilibrios fiscales de las comunidades autónomas y además el Estado no exigirá ninguna contra partida a cambio . El Gobierno ha ignorado los peligros del riesgo moral del que la mayoría de los expertos han venido advirtiendo en los últimos meses, desde que el Gobierno acordó con ERC que perdonaría una parte de la deuda de Cataluña. Si se hace, decían, habrá que solicitar algo a cambio porque si no no habrá ningún incentivo para que las autonomías vuelvan a acumular desequilibrios, ya que ya sabrá de forma fehaciente que el Gobierno saldrá en su rescate.Noticia Relacionada estandar Si Fedea advierte de que los acuerdos de Sánchez pueden dejar al Estado sin los «recursos para ejercer sus funciones básicas» Bruno Pérez Avisa de que las cesiones a los nacionalistas alientan el riesgo de una deriva confederal que dinamitaría la nivelación interterritorial y la redistribución entre ciudadanosLa vicepresidenta no ha ocultado que tanto la metodología como el resultado final de la operación se había negociado únicamente con ERC y ha avanzado que será a partir de ahora cuando se sentará con el resto de las comunidades autónomas por si cupiera algún ajuste fino sobre estas cifras ya determinadas.En su primera rueda de prensa en meses en la sede de Hacienda ha recalcado que el acuerdo político con ERC para condonar más de 17.000 millones de deuda catalana «beneficiará a todas las comunidades autónomas de régimen común», ya que la metodología acordada implicará la asunción por parte del Estado de 66.148 millones de deudas de las otras 14 autonomías de régimen común, elevando la magnitud total de la quita a 83.252 millones de euros, lo que a juicio de la vicepresidenta primera es una prueba «de la generosidad» del Gobierno de Pedro Sánchez con las autonomías. Una metodología hecha a medidaEsa generosidad, sin embargo, está lejos de ser simétrica y esconde grandes diferencias entre comunidades autónomas.El enrevesado criterio en tres pasos alumbrado por Hacienda y ERC tiene la singularidad de base de no partir de la situación de infrafinanciación acreditada por el modelo de financiación (lo que beneficiaría a las comunidades peor tratadas como la Comunidad Valenciana, Región de Murcia o Andalucía), sino de una extraña comparación entre la deuda acumulada en los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera y la acumulada durante los años de pandemia e incorpora un sesgado mecanismo de cierre que premia con una condonación extra de entre el 5% y el 10% a los gobiernos autonómicos que subieron el IRPF esos años para hacer frente a su insuficiencia fiscal, penalizando por ende a las que optaron por bajar los impuestos para estimular la actividad, bajo el argumento de que aquellos que subieron impuestos «pidieron un esfuerzo extra a sus ciudadanos», en palabras de Montero.La metodología no tiene en cuenta, sin embargo, los posibles excesos de gasto en que pudieran incurrir determinadas comunidades autónomas y que posiblemente impulsaron su endeudamiento por encima de lo que hubiera sido razonable, lo que saca del cuadro por ejemplo los gastos extra en servicios no esenciales en que la Generalitat incurrió durante el ‘procés’. A preguntas sobre este asunto, la ministra apeló a la complejidad técnica de estimar el gasto público que puede considerarse razonable en un periodo tan prolongado de tiempo.Una de las cuestiones que más llama la atención de la metodología, de la que se quejaron ayer de forma contundente los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Murcia, es que el punto de partida de la quita no sea la infrafinanciación objetiva acumulada sino una insólita comparación entre el endeudamiento acumulado entre 2010 y 2013 (109.582 millones de euros, según los cálculos del Gobierno) y el registrado entre 2020 y 2023 (cerca de 30.000 millones), «dos periodos de crisis», se justificó Montero, que a juzgar por la intervención de la ministra parece más justificado por motivos políticos -subrayar el diferente respaldo financiero proporcionado a las CC. AA. en una crisis y otra- que por cierta racionalidad técnica. De esa cuenta sale un sobreendeudamiento autonómico de 80.310 millones de euros y una fórmula que distribuye el 75% de esa cuantía (algo más de 60.000 millones) según el criterio de población ajustada, la base del sistema de financiación autonómica y el origen de los perjuicios que la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia han sufrido por su aplicación.Luego se aplican dos mecanismos de ajuste. Un primer esquema que trata de evitar que haya alguna a la que se condone menos de un 19,3% de su deuda total, que beneficia especialmente a Cataluña; y un segundo mecanismo de ajuste que plantea una extraña iguala a partir un no menos singular criterio de quita por habitante ajustado para equiparar la cifra de otras comunidades supuestamente infrafinanciadas, entre las que también está Cataluña, a la de la Comunidad Valenciana, incluyendo el ya mencionado premio de entre el 5 y el 10% a las autonomías que recurrieron a subidas de IRPF para cubrir sus insuficiencias financieras.Noticia Relacionada estandar No Junts retira la propuesta sobre la cuestión de confianza a Sánchez tras la petición del mediador Daniel Tercero Los de Puigdemont reiteran que su confianza en el PSOE está deterioradaEl asunto es que aplicada la metodología el saldo deja a la autonomía que todos los estudios señalan como la más infrafinanciada, la Comunidad Valenciana, como la que obtiene un menor alivio fiscal , ya que solo se le condona un 19,3% de su deuda cuando los informes técnicos del IVIE -aceptados por Hacienda como una referencia a seguir en los años de Ximo Puig- estiman en alrededor de un 80% la deuda generada a la comunidad por el sistema.El sistema, por contra, reconoce una compensación de más de 17.000 millones a una comunidad como Cataluña sobre la que no hay consenso de que esté infrafinanciada y condona cerca del 50% de la deuda de Andalucía, la autonomía que María Jesús Montero aspira a recuperar para el PSOE.«Los i ndependentistas piden y los españoles pagamos y eso no había pasado nunca en la historia de la democracia», señaló ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejando claro que las autonomías del PP votarán en contra de esa condonación. Casi con total seguridad esa oposición no impedirá que la propuesta pase su primer trámite, la aprobación por parte del Consejo de Política Fiscal para la que Hacienda solo necesita el apoyo de un gobierno autonómico, lo que parece garantizado con la Generalitat. A partir de ahí, Hacienda presentará la iniciativa para que se tramite en el Congreso como ley orgánica, lo que podría dilatar su aprobación durante meses. La condonación no será automática sino que se irá aplicando según vayan venciendo los préstamos del FLA, en un periodo que se puede prolongar una década.Hacienda calcula que la propuesta ahorrará a las CC. AA. entre 5.000 y 7.000 millones en intereses.
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