El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, considera que « es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre». El juez hace esta consideración en un auto notificado este martes en el que, tras la denuncia del fiscal general por la filtración de sus datos personales en el último informe de la UCO del que se dio traslado a las partes, establece que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se queden en la secretaría del tribunal a disposición de las partes, de forma que sean estas las que se trasladen allí a consultarlos. Al hilo de esa decisión, el juez viene a decir que si García Ortiz hubiera colaborado con la justicia y no hubiera destruido pruebas no habría sido necesario recurrir a los informes de la unidad policial en busca de sus llamadas y mensajes borrados, pues, como recuerda, se apresuró a borrarlos el mismo día en el que el juez dirigió la causa contra él. Una semana después cambió de dispositivo móvil, de ahí que aparato interceptado en el registro del día 30 de octubre aparecieran «cero mensajes». El magistrado apunta en el auto que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».En este sentido, añade que «en el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles«. Y es precisamente por esa desaparición por la que, para tratar de recuperar pruebas, »ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica«.El objetivo, dice el auto, es la «búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
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