El Gobierno se ha pronunciado este martes por primera vez sobre el acuerdo de inmigración con Junts per Catalunya, traducido en una proposición conjunta de ley orgánica que ya han registrado en el Congreso de los Diputados el Grupo Socialista junto a los independentistas catalanes. En la rueda de prensa habitual posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la ministra de Seguridad Social Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, que ha acompañado a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha negado la mayor. «No se cede el control de fronteras», ha zanjado Saiz. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido su agenda por una gripe. Para Saiz, «los Mossos D’Esquadra estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley, en colaboración y coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiero ser muy clara». En todo momento, ambas ministras han asegurado que lo pactado con Junts es una «delegación» de competencias al amparo de los artículos 149 y 150.2 de la Constitución, que Alegría ha leído en su literalidad. Saiz se ha remontado hasta 1992 para argumentar que ya desde entonces la sociedad catalana «tenía una voluntad de asumir la competencia en materia migratoria». Todo ello en una comunidad que hace frontera con Francia y en la que, según ha recordado la ministra, el 18% de su población tiene nacionalidad extranjera y un 25% origen extranjero. (NOTICIA EN ELABORACIÓN)
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