La concertada católica recurrirá varias ordenanzas municipales por la tasa de basuras

La conocida como tasa de basuras va a suponer la «puntilla económica» para muchos centros concertados de toda España. Este impuesto, que en la mayoría de los casos se va a empezar a pagar en 2025 , varía según la ordenanza de cada ayuntamiento. Pero su origen no es municipal, sino ministerial. En concreto, la ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados, obligaba a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la ordenanza que lo regulara antes de abril de este año. En este contexto, los colegios concertados se encuentran en la encrucijada de que, por ley, no pueden repercutir a su alumnado la tasa como un privado. Existiendo, además, el agravante de que los conciertos educativos llevan casi dos décadas sin actualizarse. Según publicó este diario en un reportaje hace varias semanas , el montante, en los casos más extremos, ronda o supera los 30.000 euros al año. El problema, como indicaron algunos de los afectados a este periódico, radica en que no todos los metros cuadrados de un colegio son de comedor. Los centros suelen tener patios amplios, que harán que la tasa en centros de la Comunidad de Madrid alcance el tope de los 20.000 euros fácilmente.Ante esta situación, Escuelas Católicas, según ha podido saber ABC, ha tomado medidas para proteger a los centros educativos afectados. Se han presentado impugnaciones judiciales contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, y varias entidades titulares de colegios han interpuesto sus propias demandas al considerar que la norma no se ajusta a derecho.Esta organización continuará recurriendo aquellas ordenanzas municipales que no tengan en cuenta las circunstancias especiales de los centros concertados católicos. Asimismo, insta a los colegios afectados a impugnar individualmente las liquidaciones que reciban , ya que una resolución favorable contra las ordenanzas municipales no extendería automáticamente sus efectos a quienes no hayan presentado recurso.Además, para apoyar a los colegios en este proceso, Escuelas Católicas ha encargado a un despacho especializado en fiscalidad municipal la elaboración de un informe jurídico con opciones de reclamación y modelos de recursos administrativos.