Vox continúa con su estrategia parlamentaria para intentar evitar por todas las vías posibles la tramitación de la proposición de ley orgánica acordada entre el PSOE y Junts para la cesión de competencias de inmigración a Cataluña, incluso antes de que llegue al Pleno del Congreso y se someta a una incierta votación.Después de que la iniciativa fuera registrada, los de Santiago Abascal enviaron un escrito a la Mesa del Congreso, órgano rector de la Cámara Baja, para reclamar que no sea admitida a trámite. Vox alega una «manifiesta incompatibilidad» de la proposición de ley con la Constitución.En un nuevo paso para evitar esta tramitación, el partido ha presentado un segundo escrito dirigido de nuevo a la Mesa para que active la recusación del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en este proceso de calificación y admisión de la iniciativa.La formación se acoge a los artículos 23 y 24 de la ley de régimen jurídico del sector público, alegando que Galindo, antes de su cargo actual en el Congreso, fue director general de Cooperación Autonómica y Local y subsecretario del Ministerio de Política Territorial.«A la vista de estas informaciones, se hace evidente que las altas responsabilidades que Galindo ejercía en el Ministerio de Política Territorial contaminan su criterio como secretario general en el Congreso (…) y le inhabilitan para intervenir en cualquier función de asesoramiento respecto a la calificación y admisión de la iniciativa», alega Vox.Aunque la proposición de ley logre superar todo este proceso, tampoco tiene asegurada su aprobación una vez llegue al pleno de la Cámara. Al ser una ley orgánica requiere de mayoría absoluta para salir adelante, una cifra difícil de alcanzar si el Gobierno no logra aplacar el rechazo generado en Podemos y otros de sus socios parlamentarios.La ley, si sale adelante, contempla que los Mossos d’Esquadra gestionen la seguridad de puertos aeropuertos y zonas críticas en cooperación con Policía Nacional y Guardia Civil. También estarán en las fronteras juntos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.Además, Cataluña se haría cargo de las devoluciones de extranjeros que tengan prohibida la entrada a España y también ejecutaría las expulsiones que no requieran expediente. Además, en los casos que sí lo necesiten, se tendría en cuenta la propuesta de la Generalitat previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña; el órgano de coordinación entre la seguridad estatal y la autonómica.Este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que, pese al acuerdo con los separatistas, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán ejerciendo las mismas funciones que tienen en la actualidad. «La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes«, ha sostenido.
Leave a Reply