El reconocimiento de la Federación vasca de pelota como miembro de pleno derecho de la Federación Internacional (FIPV) se ha convertido en un conflicto plagado de amenazas, presiones y denuncias. El recurso contra esa decisión, presentado por la Federación Española ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ha desembocado en la posible expulsión del propio organismo nacional.Xavier Cazaubon, presidente de la FIPV, está dispuesto a llevarlo a cabo si no se retira el recurso y se acata lo decidido en aquella polémica Asamblea del pasado 28 de diciembre en Pamplona. En dicha reunión, con seis votos a favor (Argentina, Venezuela, México, Francia, Perú y Portugal), una abstención (Costa Rica) y un voto en contra (Chile), se aprobó un cambio estatutario no previsto en el orden del día para admitir como miembros a federaciones que no fueran nacionales. Justo después, se formalizó también la integración de Euskadi. Todo ello ocurrió ante la impotencia de España y Cuba, a las que no se les permitió participar por sendas sanciones disciplinarias, y sin la presencia de otros cuatro países con derecho a voto.La FEP, entonces presidida por Julián García Angulo , calificó aquella decisión como «un atropello» y anunció su intención de recurrir ante el TAS los acuerdos tomados por considerarlos «irregulares y opacos». Una vez presentada la apelación, comenzaron las presiones desde la Internacional: o retiraban el recurso o quedaban fuera. Tras las elecciones de este año olímpico, el navarro Javier Conde asumió la presidencia de la FEP. Y su postura, al menos en este asunto, es idéntica a la planteada por su antecesor. Es decir, el recurso ante el TAS sigue adelante. «Nos están pidiendo que renunciemos a nuestro derecho a defendernos», explica a ABC Gonzalo Jiménez Illana, socio de Martínez-Echevarría y abogado de la FEP, que asegura que el ultimátum se ha trasladado también a las federaciones de Navarra y La Rioja, cuyos pelotaris podrían ser ya vetados este mismo fin de semana en el GRABNI, uno de los torneos entre regiones más prestigiosos del circuito.De materializarse la expulsión de la FEF la situación sería casi surrealista, con Euskadi como miembro activo, participando en Mundiales y torneos oficiales, mientras que España, una de las tres fundadoras de la Federación Internacional, quedaría suspendida y sin posibilidad de llevar a sus deportistas a esos campeonatos.En el calendario hay una fecha clave: el 31 de mayo. Ese día dará comienzo en Guernica la Liga de Naciones, el torneo en el que Euskadi planea debutar con equipo propio a nivel internacional. Para entonces, no se espera que haya aún una resolución firme del TAS, por lo que, en teoría solo podrían competir con el permiso del CSD. «Pero su respuesta es que van a competir en Guernica sí o sí. Por lo civil o lo criminal», cuenta Jiménez Illana.La clave de que se haya llegado a esta situación es la aprobación de la Ley del Deporte de 2022. En ella, PNV y PSOE pactaron a última hora incluir un artículo, el 48.2, que abría la puerta a la participación de federaciones autonómicas en el ámbito internacional, siempre que el ente superior lo contemplara y que se tratase de modalidades con arraigo histórico y social en dicha comunidad. Un artículo que encajaba como un guante con las pretensiones de la pelota vasca y que era parte del acuerdo de investidura entre ambos partidos.Por eso el CSD está en una encrucijada. Avalar la inscripción de la Federación Vasca, como le exigirán sus socios, resquebrajaría la unidad deportiva nacional a la hora de competir en el extranjero, algo que tampoco verían con buenos ojos en el COI.«Nuestra obligación es facilitar un consenso que integre los diferentes puntos de vista, en defensa del interés general», explica el organismo presidido por José Manuel Rodríguez Uribes a petición de este periódico. Aseguran que han abierto un espacio de diálogo constructivo con las tres federaciones -española, vasca e internacional- y que en los próximos días se constituirá una mesa de trabajo en la que también se incluirá al Gobierno Vasco, otro de los grandes promotores de este proceso. «La decisión a la que lleguemos debe ser fruto de un acuerdo». En privado, eso sí, piden a la FEP, según esta, que retire el recurso ante el TAS.
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