A diferencia de los pacientes que contratan una póliza de salud privada adicional a la sanidad pública, los funcionarios que se acogen a Muface (civiles), Mugeju (Ministerio de Justicia) e Isfas (Fuerzas Armadas) acceden a una cobertura de salud privada a costa de renunciar a la pública. Esa cobertura la han estado prestando DKV, Asisa y Adeslas hasta ahora para los beneficiarios de Muface e Isfas. Esas tres aseguradoras se encuentran entre las que contratan a Atrys Health Bienzobas para gestionar su cobertura oncológica. En el caso de los beneficiarios de Mugeju, a esas tres aseguradoras se añaden Sanitas -que también contrata a Atrys para oncología-, Mapfre y Nueva Mutua. Estas dos últimas se han abstenido de contratar a esta intermediaria. En 2024 han estado bajo la potencial intermediación de Atrys Atrys Health Bienzobas un total de 1,6 millones de pólizas de funcionarios y familiares ya que Adeslas daba cobertura a unos 840.000; Asisa a unos 564.000; DKV a unos 217.000; y Sanitas a unos 12.900. En vídeo: Así se intenta rebajar el coste de los tratamientos oncológicos«Beneficio clínico marginal»Esta situación ha convertido a los funcionarios acogidos al concierto sanitario y sus familiares en los más vulnerables en caso de malas prácticas como las que están denunciando oncólogos de referencia sobre Atrys, ya que no pueden recurrir a la sanidad pública. Noticias relacionadas estandar Si Presidenta del Grupo de Español de Pacientes con Cáncer Begoña Barragán García: «El enfermo que no recibe el tratamiento adecuado puede morir» Juan Fernández-Miranda estandar Si Secretario general de la Fundación ECO Pedro Pérez Segura: «Es un error usar el dinero como medida coercitiva contra el oncólogo» Ana SánchezDe hecho, en uno de los informes médicos a los que ha tenido acceso ABC el oncólogo usa este argumento frente al asesor oncológico de Atrys para intentar darle la vuelta a las dificultades que le ponía a la hora de autorizar el tratamiento propuesto para una enferma. «Dado que esta paciente no tiene Seguridad Social nos vemos obligados a mantener el tratamiento de acuerdo con las guías internacionales», señala el médico, entre otros argumentos. El asesor de la intermediaria ponía problemas a esa terapia asegurando que «no sería válida» al encontrarse «fuera de ficha técnica». El oncólogo se ratificó en su decisión explicando que tanto «la práctica habitual» como «todas las guías internacionales» aconsejaban esa terapia. El tratamiento fue rechazado.Así opera Atrys Benzobas La figura del asesor que asesora y autoriza Esta compañía se ha convertido en el principal intermediario de las aseguradoras del sector de la salud para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Cuando es contratada, introduce la figura del asesor oncológico, al que los oncólogos deben solicitar autorización para los tratamientos que quieran prescribir. Reacción ante las peticiones de los médicos En las decenas de informes a los que ha tenido acceso ABC, este asesor no autoriza de primeras tratamientos que son caros pero habituales en la Sanidad pública, y sugiere otro más barato que los médicos consideran que es menos adecuado para el paciente en el estadio de su enfermedad. ¿Qué pasa si hay disputa entre el médico y el asesor? Si el oncólogo decide ratificarse en su tratamiento a veces el asesor desiste y acepta la terapia, y otras insiste en no autorizar y los oncólogos terminan recurriendo a las aseguradoras para intentar que se respalden sus terapias. Si un funcionario acogido al sistema de mutualidad sanitaria descubre que en la sanidad pública le podrían aplicar un tratamiento que le deniegan en su concierto, debe esperar a enero del año siguiente para ejercer su derecho a la libre elección de la asistencia sanitaria. MÁS INFORMACIÓN noticia Si ¿Cuánto valen cinco años más de vida? video No En vídeo Así se intenta rebajar el coste de los tratamientos oncológicosExiste una vía extraordinaria para gestionar cambios pero es muy compleja y, sobre todo, no es inmediata. Además el cambio debe aprobarse por una comisión paritaria de Muface, Isfas o Mugeju y la sanidad pública, que valora si las circunstancias se ajustan al convenio.
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