Madrid se revuelve contra el acuerdo entre Junts y el Gobierno central para el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que beneficia a Cataluña -que recibirá entre 20 y 40 y además una compensación económica, según ha explicado el partido catalanista- y perjudica a otras comunidades como la madrileña, donde la misma fuente ha apuntado que llegarán más de 700 de estos menores. La presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha señalado que el acuerdo se recurrirá ante los tribunales y será denunciado ante la Unión Europea, y lo considera perjudicial para España, para Europa y para los propios inmigrantes.La jefa del Ejecutivo madrileño ha huido del enfrentamiento directo con Cataluña en esta polémica, y comienza su mensaje en redes sociales apuntando que «Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias», en referencia a distintos territorios españoles afectados por este procedimiento y también por la llegada de inmigrantes de forma irregular.Entiende la presidenta madrileña que «no se puede fomentar la inmigración irregular masiva», que es lo que cree que se hace con este «lamentable acuerdo». A continuación, informa que «se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias».Noticia Relacionada estandar Si Las comunidades del PP no acogerán menores inmigrantes Daniel Roldán Fuentes populares critican que el Gobierno «prefiere negociar un decreto con Junts antes que una ley» con ellosDíaz Ayuso lamenta que este comportamiento supone que «se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada».Según los últimos datos oficiales conocidos, en los primeros seis meses de 2024, la Comunidad de Madrid atendió a más de 1.200 menores no acompañados, casi tantos como todo el año anterior, y se esperaba una cifra similar hasta fin de año. Una cifra que sobrepasaba ya entonces las previsiones tanto regionales como del Gobierno de la Nación, al que Madrid ha acusado en repetidas ocasiones de no colaborar lo suficiente en la financiación ni en la planificación.En el Gobierno regional están preocupados por un tema que consideran muy delicado, al haber menores implicados. No quieren que ello se convierta en tema de confrontación con otras comunidades, como no han querido que lo sea otra cuestión como los fallecidos en las residencias durante la pandemia, donde desde Madrid nunca se rebaten las críticas de la oposición argumentando lo ocurrido en otros territorios. Es más, se duelen los políticos madrileños de que el Gobierno central, que «debería ser el que coordinara esto, esté enfrentando a las comunidades» tanto en migración como en financiación o impuestos.Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid aún están estudiando cuál será la fórmula legal en que se materializará su denuncia, tanto a instancias judiciales españolas como europeas. Pero no dejan lugar a dudas: darán la batalla y pedirán amparo a la Unión Europea.Desde el PSOE, el secretario general madrileño y ministro, Óscar López, no ha tardado en lanzar su valoración a través de redes sociales, que es una dura crítica contra Ayuso, a la que llama xenófoba y le afea que «no le molestan los menores refugiados que vienen de Ucrania pero sí los que vienen de Canarias». Por su parte, la vicealcaldesa Inma Sanz se ha referido al asunto señalando que, si se confirman las cifras adelantadas, sería un paso más en «ese agravio permanente a Madrid, y ese privilegio a los socios a los que Sánchez les compra el gobierno de España». Ha lamentado sobre todo que «no se puede tratar a las personas como moneda de cambio, como mercancías de reparto para seguir una noche más en Moncloa. Lo que hace este acuerdo es fomentar la inmigración irregular». Casi la mitad de los menas que llegaron el año pasado a la Comunidad de Madrid, según datos de la Consejería de Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila, lo hicieron a través del aeropuerto de Barajas. Aprovecharon en algunos casos escalas para quedarse en Madrid, y cuando eran interceptados se derivaban directamente a los servicios sociales de la Comunidad, que se hacen cargo de ellos durante el tiempo que se quedan en los centros.La Comunidad contaba en 2024 con un presupuesto de 40 millones de euros para hacerse cargo de todos estos menores no acompañados y de sus necesidades. Pero no son los únicos: la Consejería denunciaba que en los campamentos de inmigrantes irregulares adultos que el Gobierno central abrió en Alcalá de Henares y Carabanchel, habían aparecido al menos otros 150 menores.
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