El reparto de menores por comunidades según el criterio del Gobierno y Junts

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El reparto de menores por comunidades según el criterio del Gobierno y Junts

Como en tantos asuntos, en el del reparto de menores inmigrantes no llueve a gusto de todos. No lo hizo en el primer acuerdo el año pasado para repartir a trescientos de los que llegaron a Canarias, cuando Santiago Abascal decidió de manera unilateral romper todos los gobiernos autonómicos de coalición de Vox con el Partido Popular (PP). Y no lo hizo este martes, cuando los presidentes populares dejaron claro su veto al decreto del Gobierno pactado con Junts per Catalunya. De hecho, fuentes del primer partido de la oposición se referían a lo ocurrido en 2024 -entonces un reparto voluntario o acordado, y no una resolución del Ejecutivo que debe validar el Parlamento, como ahora- para justificar su rechazo. «Aceptamos un reparto voluntario en el que no había grandes diferencias entre territorios. Por aceptarlo, Vox se fue de los gobiernos autonómicos . El reparto que, al parecer, han acordado con Junts no parece que vaya a seguir estas mismas proporciones y eso acredita el carácter partidista del acuerdo», señalaron desde Génova. En aquella ocasión, la diferencia entre Madrid y Cataluña fue casi imperceptible y entre otras autonomías hubo, como mucho, los ocho puntos porcentuales de diferencia entre la propia Cataluña, que acogió al 9 por ciento, y La Rioja, que recibió apenas al 1 por ciento. Aquel reparto -mucho menor que el que se plantea ahora- se estableció según los criterios acordados por unanimidad en la conferencia sectorial de infancia de 2022, que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno Canario, Fernando Clavijo, recuperaron para finalizar una tabla para este traslado extraordinario. De un tiempo a esta parte, ante el silencio que ha habido alrededor de este asunto después de aquella foto, cuando los periodistas preguntaban a Rego si había cerrado los cupos por comunidad autónoma, la titular de Juventud e Infancia aseguraba que los criterios pactados «se estaban ponderando».La ponderación de cada uno de esos criterios (densidad de población, renta per cápita, tasa de paro y esfuerzo realizado, entre otros) es lo que ha provocado que la balanza se incline drásticamente hacia la Comunidad de Madrid, que según las proyecciones que avanzaba Junts este martes, sería el territorio que más plazas nuevas debe crear para este reparto extraordinario, setecientas según la formación.Noticia Relacionada estandar No Mazón y Vox no se dan por aludidos y mantienen la negativa a aceptar inmigrantes Toni Jiménez El presidente valenciano avisa de que no asumirá el reparto y los de Abascal confían en su palabraEste cálculo es el resultado de otorgarle más valor al criterio de «esfuerzo previo realizado» por los territorios durante los últimos años, explicaron a ABC fuentes del ministerio de Juventud. Según este cambio, ahora se valora más que una comunidad autónoma haya dimensionado sus capacidades estructurales para ofrecer más plazas. Es el caso de Cataluña, que actualmente cuenta con un 25% del total de las camas para acoger a infancia migrante en España, frente al 10% de Madrid. Por lo tanto, aunque ambas comunidades coinciden de manera casi idéntica en otros criterios, este último es sobre el que se sostiene la diferencia de casi setecientos niños, ya que se presupone que Cataluña ya ha realizado un esfuerzo mayor. Durante su comparecencia de este martes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que esta nueva ponderación no se ha hecho de forma «arbitraria ni antojada».También retó a los gobiernos autonómicos a que emitan los informes certificados «con fé pública de los funcionarios pertinentes, que digan cuántos menores no acompañados extranjeros hay en cada una de las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas [Ceuta y Melilla]», ya a que su juicio, «no hacerlo es dejar en evidencia sus afirmaciones», señaló en referencia a la saturación denunciada por algunas comunidades. Torres, en cualquier caso, les dejó claro a los presidentes autonómicos (lo que él mismo fue en Canarias, hasta el año 2023) que de no actuar como les indica serían los «ministerios pertinentes» los que recurrirían a sus registros para certificar ese dato sobre los menores extranjeros no acompañados que ya residen en cada región de España.

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