Lejos de apagarse, la polémica interna en el Gobierno por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se reactiva con fuerza, y con las posiciones igual de enconadas entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. La semana que viene se cumplirá el plazo para que el Ejecutivo active el veto sobre las proposiciones de ley calificadas ya por la Mesa del Congreso de los Diputados, presentadas individualmente por el Partido Popular (PP), Sumar y Podemos para revertir la decisión de Hacienda de que quienes perciban ese salario, subido por el Gobierno de Pedro Sánchez en cincuenta euros más al mes, sí tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. Y de momento Montero se mantiene en el veto y Sumar en levantarlo, según confirman fuentes de las dos partes enfrentadas. El veto, una potestad del Gobierno siempre que alegue razones de impacto presupuestario de una determinada medida, podría encontrarse en esta ocasión con una mayoría alternativa contra natura, la del PP y Sumar. Por este último partido, según las fuentes consultadas, no va a quedar, y con el PP hay coincidencia en que quienes perciben el SMI deben quedar exentos de tributación. El PSOE, en cambio, argumenta que sí deben hacerlo, y que además muchos de ellos quedarán exentos, por ejemplo por paternidad. La crisis interna en la coalición por este asunto estalló el pasado 11 de febrero, en una insólita rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, en la que en un clima de gran tensión la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la propia Yolanda Díaz, discreparon a la vista de todos los medios de comunicación. En aquella sonada ocasión, Alegría adujo uno de los argumentos fuertes de la parte socialista del Gobierno en defensa de la tributación del SMI, la de que sólo el 20 por ciento de los perceptores tendrían que tributar, precisamente por las deducciones. Así lo venía señalando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien también protagonizó duras declaraciones cruzadas con la vicepresidenta segunda. Una semana después del incidente entre la portavoz y Díaz, Sánchez aleccionó a puerta cerrada a la Ejecutiva Federal del PSOE en defensa de la postura socialista. «No estamos hablando del ingreso mínimo vital», les dijo, según explicaron a ABC fuentes presentes en la reunión de la cúpula socialista. Una referencia a una de las medidas más señeras de su Gobierno en la primera legislatura. La argumentación expuesta por el líder del PSOE es la de que no se puede caer en la crítica del gravamen a un determinado tipo de salario, aunque sea el mínimo legal. La de Sumar, en cambio, que quien gane aproximadamente 16.000 euros al año, sea asalariado o, por ejemplo, pesionista, debería estar exento de presentar incluso la declaración de la Renta. La entente entre Sumar y el PP podría unir fuerzas en la Mesa del Congreso, un órgano en el que formalmente no se vota, aunque sí hay un juego de mayorías entre los cinco representantes de la izquierda en el Gobierno (tres del PSOE y dos de Sumar) y los cuatro del Grupo Popular. Pese a la coincidencia en las iniciativas, hay algunas discrepancias procedimentales entre Sumar, Podemos y el PP. Hasta el punto de que en Sumar, que en esto coincide con el criterio de Hacienda, ve defectos de forma en la iniciativa registrada por los de Alberto Núñez Feijóo. Desde el departamento de Montero se afirma sin lugar a dudas que se presentará el veto, aun cuando su recorrido pueda ser incierto. Pues en esta ocasión la coalición del Gobierno entre el PSOE y Sumar no tendría una traslación exacta o directa en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara Baja. (NOTICIA EN ELABORACIÓN)
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