El choque entre las dos vicepresidentas del Gobierno a cuenta de si los trabajadores que cobren el salario mínimo (SMI) deben tributar en el IRPF se ha reactivado después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya confirmado que mantendrá su veto a la iniciativa legislativa de Sumar -así como la del PP, aunque su contenido técnico difiere- con la que pretenden que este colectivo no pague el impuesto. Y lo ha hecho cuando apenas queda una semana de plazo para que el Gobierno se pronuncie sobre las proposiciones de ley que intentan quitar el IRPF a quienes perciben el SMI, con el temor de que la recaudación se vea mermada de forma considerable. Porque Hacienda asume que esas propuestas no solo beneficiarían los trabajadores que cobran 1.184 euros al mes, sino a otros muchos millones de contribuyentes con rentas bajas , incluidos miles de pensionistas.Si esas propuestas salieran adelante hasta cinco millones de españoles verían reducida su tributación en el IRPF, según cálculos del Ministerio de Trabajo. Serían los 2,5 millones de perceptores del salario mínimo, a los que se unirían otros 2,5 millones cuyo sueldo se encuentre entre el SMI y los 21.000 euros al año , por el efecto indirecto que conllevaría esa medida.Montero no quiere oír hablar de una merma en la recaudación del IRPF -el gravamen que más dinero aporta a las arcas-, consciente de que las iniciativas legislativas van más allá de los trabajadores que cobran el salario mínimo. Fuentes de Hacienda insisten en que hay que fijarse en lo que ha subido el SMI en los seis últimos años -un 60%- y que debía llegar un momento en que se exigiese que tributasen.La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que aún no ha llegado ese momento y que el SMI debe subir más hasta que pague IRPF. Díaz vio cómo Montero ensombrecía el anuncio de que el Consejo de Ministros había aprobado la subida de este año filtrando a los medios que pasarían por la ventanilla de la Agencia Tributaria justo en el momento en que Díaz ofrecía la rueda de prensa. En esta pugna mantenida desde entonces el siguiente paso puede derivar en una conexión inesperada entre Sumar y el PP. Ambas formaciones tienen mayoría en la Mesa del Congreso para activar una tramitación, lo que supondría un órdago en la coalición de Gobierno al enfrentarse los de Díaz con el PSOE. Fuentes de Sumar apuntan que negociarán con los socialistas hasta el último minuto antes de que Hacienda imponga su veto definitivo. Una factura millonariaMás allá de los argumentos sobre la necesidad de no estigmatizar el pago de IRPF y la baja carga fiscal real que en cualquier caso recaería sobre los perceptores del salario mínimo, inferior al 2% en términos reales, Hacienda tiene pesados motivos económicos para no transigir en este asunto.Para empezar se quedaría sin los 300 euros anuales de las retenciones que ya se han empezado a aplicar a los perceptores del salario mínimo en las nóminas de febrero, por haberse rebasado ya el umbral previo que eximía de retención alguna al SMI. Pero es que además, tal y como está planteada al menos la propuesta de Sumar, la factura asociada a la reducción por rendimientos del trabajo se incrementaría de forma sustancial. A día de hoy esa reducción se aplica a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros, la propuesta del socio del PSOE en el Gobierno no se limita a incrementar la cuantía de la reducción para encajar la subida del SMI en la estructura del IRPF sino que pretende elevar ese umbral a los 21.576 euros, lo que según las estadísticas oficiales de Hacienda extendería el radio de acción de la misma a alrededor de un millón de contribuyentes más.El impacto fiscal de la maniobra sería relevante. Según las estadísticas oficiales publicadas por la Agencia Tributaria, la rebaja fiscal del Gobierno a las rentas bajas, que entre otras cosas elevó el umbral de aplicación de esta reducción de los 16.825 euros a los 19.747,5 en que está en la actualidad para suavizar los errores de salto que produce la estructura del impuesto, y que en ausencia de estos ajustes provocaría incrementos sustanciales de la carga fiscal por diferencias mínimas en la renta percibida, incrementó el coste presupuestario de esta reducción de los 905 millones en que se movía hasta 2022 hasta 2.631 millones un año más tarde. La extrapolación de ese impacto al esquema que plantea Sumar anticipa un coste fiscal de más de 1.200 millones de euros y ello sin tener en cuenta el incremento de la cuantía de la reducción que prevé su propuesta.
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