La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que la juez investigue la contratación, por parte de la Diputación de dicha provincia, del exasesor de la Moncloa que acabó trabajando como ayudante del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en su puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.Luis Carrero fue contratado en 2023 como jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y en correos electrónicos se refirió a David Sánchez como «hermanito», según la documentación incorporada a la causa.En un auto notificado este viernes a las partes personadas en la causa, al que ha tenido acceso ABC, la Sección Primera de la Audiencia rechaza el auto de apelación de David Sánchez, investigado por presunta malversación, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.«Motivación pertinente y motivada»Los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano, María Dolores Fernández y José Antonio Bobadilla respaldan la decisión de la juez Beatriz Biedma y confirman que ésta fue «pertinente y motivada».La Sala recuerda que en su providencia, la magistrada requirió los contratos de Luis Carrero y también de Ángel Seco, contratado como técnico superior de formación, porque el propio David Sánchez, durante su declaración como investigado, mencionó a ambos «como personas relacionadas con sus funciones en la Diputación, apareciendo además en correos electrónicos aportados a la causa».«La providencia no recoge imputación alguna de estas personas, sino que se limita a requerir documentación sobre sus contratos (…) Justifica la instructora en dicho Auto que precisamente en el marco mismo de la investigación iniciada sobre la creación del puesto de trabajo y su posterior cambio de denominación sin cobertura de legalidad y atendiendo a las preferencias personales se preguntó sobre las personas con la que trabajaba al investigado don David. No puede pues ignorarse que la indagación sobre las reales funciones del mismo es objeto de investigación», añaden. De ahí que consideren que «existe pues una motivación pertinente en la resolución recurrida, que consideramos adecuada y suficiente, para justificar lo acordado. Sin que desde luego quepa cuestionar diligencias de investigación sin más, a modo de paralización de la causa con continuos recursos», reprochan al investigado.
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