La ex consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas , imputada en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre, señala a las obras no realizadas para encauzar ríos como la clave que hubiera evitado una tragedia con 228 muertos. Además, considera «absolutamente inadmisible» que se le seleccione como «cabeza de turco» para «poder atribuirle la responsabilidad penal», que cree que no es exigible ni a los políticos y a los técnicos.Pradas niega que hubiera un «mando único» en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) aquella fatídica tarde, sino un «comité dual de dirección» que compartía con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En ese sentido, pone el foco en que, más allá de que la Generalitat tuviera las competencias en protección civil, del Estado «dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos», como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).Así se extrae del recurso de apelación, consultado por ABC, que la entonces responsable de emergencias ha interpuesto en la Audiencia de Valencia contra el auto de imputación de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Pradas está citada a declarar como investigada, al igual que el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, el próximo 11 de abril.Su defensa -que pide el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento – la dirige el abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano . «Con la más que abundante información disponible no cabe atribuir responsabilidad penal por la muerte de las víctimas», asevera el escrito, «a personal técnico o político concreto, relacionado con los hechos de sus competencias, sino todo lo más al funcionamiento de las tres Administraciones implicadas», que debería dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa.Noticias relacionadas estandar No Tres horas antes de la alerta La juez asegura que la Generalitat conocía que el barranco de Chiva se había desbordado Toni Jiménez estandar No El ex alto cargo de la Generalitat imputado por la dana: «El 112 no envió comunicación alguna al Cecopi» Toni Jiménez«Estamos ante una catástrofe natural de una magnitud impresionante que se desencadenó con una rapidez imparable», indica. «El origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad, no fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores », sostiene el recurso. «Concretamente, la Presa de Cheste en 2005 y las obras del encauzamiento del barranco del Poyo que se iban a hacer, en 2011, y que tampoco se hicieron», agrega.«Selva normativa»Los abogados de Pradas entienden que «no es admisible» centrar la investigación en el retraso del aviso masivo a los teléfonos móviles de la población y destacan que no existía un protocolo para aplicar el sistema Es-Alert. Tampoco estaba implementada «en los planes de emergencia, la colaboración con el 112 y las autoridades de protección civil». En ese sentido, argumentan que «existía una selva normativa en la que aparecen incontables referencias a la necesidad de coordinación».«La información a transmitir al CECOPI, sobre la posibilidad de desbordamiento de las cuencas, así como dar la alarma en caso de peligro inminente de rotura de presas le correspondía al director del plan de gestión del riesgo de inundación que era el director de la CHJ», añaden.En cualquier caso, consideran que debe escucharse primero a los técnicos de la emergencia, para que expliquen «por qué ocurrió lo que ocurrió y que informaciones dieron a los órganos institucionales».
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