El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, no tiene claro que la Audiencia de Sevilla pueda llevar a Europa su ‘amnistía’ del caso ERE, por lo que, adelantándose a los acontecimientos (el tribunal andaluz había dado diez días a las partes para que se pronunciaran sobre la conveniencia de elevar una consulta al TJUE), ha pedido a la Secretaría del órgano que recabe la providencia de la Audiencia de Sevilla para estudiar hasta qué punto la jurisdicción ordinaria puede cuestionar un fallo del TC.Fuentes próximas a la presidencia del tribunal recuerdan que el artículo 92 de la ley que regula al TC responsabiliza al propio Constitucional de la ejecución efectiva de sus resoluciones y le otorga para ello «amplias facultades». La documentación que Conde-Pumpido está recabando no sólo afecta a la paralización de la ejecución de la sentencia que borró los ERE, sino también a la relativa a otra resolución de un caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el que también se cuestiona la decisión del órgano de garantías. Si bien está claro que un juez puede plantear ante Luxemburgo sus dudas sobre la aplicación del derecho comunitario a un caso concreto, no hay precedentes de que esto se haya llevado a cabo con una sentencia del TC, apuntan esas fuentes. Como informó ABC la Audiencia de Sevilla cree que el TC se extralimitó al anular parcialmente las penas por delitos continuados de prevaricación y/o malversación en el caso de los ERE a, entre otros, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el desfalco de los 680 millones de euros de las ayudas sociolaborales en Andalucía.
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