La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a un giro de guion en la polémica tributación de los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), para que no paguen el Impuesto de la Renta . PSOE y Sumar negocian en el seno del Gobierno de coalición «algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar por el salario mínimo», ha indicado la vicepresidenta primera. Eso sí, la medida solo afectaría a este colectivo, por lo que se trataría de aplicar alguna compensación fiscal para que la factura tributaria no beneficie a más trabajadores con rentas bajas, de forma indirecta.Se trata de un cambio de posición después de varias semanas aferrada a la negativa de que los perceptores de este sueldo mínimo sigan beneficiándose de la exención en su tributación. Alegaba Montero que lo importante era que el SMI había subido un 60% en seis años, y que ya llegaba el momento de pagar el IRPF. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se había mostrado contraria a que a partir de ahora este colectivo, que engloba a más de dos millones de trabajadores, tributaran por su sueldo tras subirlo un 4,4% hasta los 1.180 euros al mes. La fricción entre ambas ministras se hizo patente desde el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobó la subida del SMI para este año: un 4,4% más -la franja más alta de la recomendada por los expertos de Trabajo-, lo que suponía 50 euros más al mes. El problema es que mientras Díaz ofrecía la rueda de prensa en La Moncloa, Hacienda filtró que este año no iba a actualizar el importe mínimo exento de tributación, como había ocurrido otros años al elevar el salario mínimo. Es decir, los 50 euros brutos se quedarían en unos 28 euros netos más al aplicar el IRPF, sobre todo para los contribuyentes solteros y sin hijos.Desde entonces, Díaz ha insistido en que hay que elevar ese umbral mientras Montero se ha negado a hacerlo. La pugna llegó a tal nivel que el grupo parlamentario de Sumar activó una proposición de ley para que los trabajadores que cobran el SMI no tuvieran que pagar el IRPF. También lo hicieron PP y Podemos, aunque con diferentes versiones de esa normativa. El plazo para que el Gobierno pudiera rechazarlas terminaba esta semana, pudiendo alegar que esa medida supone un gasto extraordinario para Hacienda y llevando la confrontación hasta la Mesa del Congreso, que podía vetar esa interpretación del Ejecutivo si Sumar, socio del PSOE, y PP, unían sus fuerzas en ese órgano. Si esas propuestas salieran adelante hasta cinco millones de españoles verían reducida su tributación en el IRPF, según cálculos del Ministerio de Trabajo. Serían los 2,5 millones de perceptores del salario mínimo , a los que se unirían otros 2,5 millones cuyo sueldo se encuentre entre el SMI y los 21.000 euros al año, por el efecto indirecto que conllevaría esa medida.Más allá de los argumentos sobre la necesidad de no estigmatizar el pago de IRPF y la baja carga fiscal real que en cualquier caso recaería sobre los perceptores del salario mínimo, inferior al 2% en términos reales, Hacienda tiene pesados motivos económicos para no transigir en este asunto.Rentas hasta 21.000 eurosPara empezar se quedaría sin los 300 euros anuales de las retenciones que ya se han empezado a aplicar a los perceptores del salario mínimo en las nóminas de febrero, por haberse rebasado ya el umbral previo que eximía de retención alguna al SMI.Pero es que además, tal y como está planteada al menos la propuesta de Sumar, la factura asociada a la reducción por rendimientos del trabajo se incrementaría de forma sustancial. A día de hoy esa reducción se aplica a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros, la propuesta del socio del PSOE en el Gobierno no se limita a incrementar la cuantía de la reducción para encajar la subida del SMI en la estructura del IRPF sino que pretende elevar ese umbral a los 21.576 euros, lo que según las estadísticas oficiales de Hacienda extendería el radio de acción de la misma a alrededor de un millón de contribuyentes más.
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