Un informe jurídico encargado por un magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) avala que la Audiencia Provincial de Sevilla eleve una consulta o cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para no aplicar la anulación parcial de las penas a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía en el caso ERE ordenada por la mayoría de magistrados progresistas que controla la corte de garantías. Las conclusiones desmontan la tesis del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido , que intenta obligar al tribunal andaluz a cumplir las sentencias que borran delitos de prevaricación y malversación, entre otros, a los expresidentes Manuel Chaves y Griñán por el reparto indiscriminado y sin ningún control de 680 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009.Noticia Relacionada estandar Si Pumpido pasa de abstenerse en el caso ERE como juez del Supremo a intentar ganar el relato en favor de los condenados Antonio R. VegaEl análisis encargado a una letrada especialista en Derecho comunitario, que depende del magistrado conservador César Tolosa, concluye que «no puede impedir» que otro órgano jurisdiccional, ya sean jueces, magistrados u otros tribunales, recurran a la Justicia europea si, como sostienen los magistrados de Sevilla, las sentencias dictadas por el Constitucional pueden ser contrarias al Derecho comunitario , que prevalece sobre las resoluciones que adopte cualquier Estado miembro, según ha avanzado el digital ‘El Español’.Incumplimiento del Derecho de la UE En el citado informe se pone de manifiesto que «una actuación del TC español que produzca el efecto de impedir, limitar o disuadir de cualquier manera a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial podría incurrir en un incumplimiento del Derecho de la Unión ».El magistrado conservador presentará este informe en el Pleno del Constitucional que se celebrará a mediados del mes de abril, en el que Conde-Pumpido defenderá la postura contraria basándose en otros documentos e informes. El que fuera fiscal general del Estado bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) considera que la decisión de la Audiencia de acudir al tribunal con sede en Luxemburgo es un acto de rebeldía ante las decisiones adoptadas por el órgano que él preside. Hay sentencias de la Justicia europea que enmiendan decisiones del Constitucional adoptadas en países como Rumanía o Hungría en casos parecidos.Presiones a la Audiencia de SevillaLos magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que juzgaron y condenaron a una veintena de cargos políticos en la pieza principal de la macrocausa de los ERE, cuya sentencia confirmó casi en su integridad el Tribunal Supremo, e stán decididos a aguantar el pulso que le quiere echar el Constitucional para impedir que sean desoídas sus rebajas de penas.Así lo ha puesto de manifiesto dicha sala en una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia que fue notificada el pasado jueves a las partes, en la que insta al Constitucional a que «justifique la finalidad o razón de ser» de que le reclame la providencia en la que abre la puerta a llevar el caso ERE al tribunal europeo. En dicha resolución, la Audiencia daba un plazo de diez días a las partes del proceso (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas) para que se pronunciasen sobre la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si aplica o no las diez sentencias del TC que alivian las penas a antiguos cargos autonómicos.Noticia Relacionada estandar Si El tribunal de los ERE ignorará al Constitucional hasta que la Justicia europea se pronuncie Antonio R. Vega La Audiencia de Sevilla llevará al TJUE el borrado de la malversación: entiende que es contrario al Derecho de la UniónInicialmente, el presidente del Constitucional barajó encargar un informe a un grupo de letrados de dicho órgano para contradecir al tribunal hispalense, como se ha hecho en el caso de los recursos contra la ley de amnistía que favorece a los independentistas . Finalmente, en el último pleno celebrado el pasado martes se acordó analizar la providencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla antes de tomar una decisión.El magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa emitió un voto particular contra las sentencias del caso de los ERE emitidas por dicho órgano. En dicho voto denunciaba, junto con la magistrada Concepción Espejel , que el Constitucional ha dictado unas resoluciones que «irrumpen» en el ámbito reservado al Supremo, y l o «suplantan» en su función como máximo intérprete de la ley penal, hasta el punto de que se erige en un «tribunal de casación», función que no le corresponde. El TC excede su papel y ejerce como un «tribunal de apelación» al reinterpretar la valoración de las pruebas realizada por la Audiencia de Sevilla y, posteriormente, el Supremo. Los magistrados Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez , también alineados con el sector conservador del Constitucional, presentaron sus respectivos votos discrepantes con las sentencias de los jueces elegidos a propuesta del PSOE.
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