Una alianza social y política frente a la «crisis demográfica» , el llamamiento a los «dos grupos políticos mayoritarios a que sumen fuerzas para reformar el reglamento de la Ley de extranjería que propicie la regularización de los inmigrantes que llevan más de dos años en España y la continuidad del plan de reparación a víctimas de abusos, en el que incluso los obispos aceptarían «una posible supervisión del Defensor del Pueblo». Dos propuestas y un compromiso que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha manifestado en su discurso de apertura de la CXXVII Asamblea Plenaria de los obispos españoles, que desde este lunes celebran en Madrid.Con la llegada de Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal , hace ahora un año, los obispos han retomado un papel de interlocución en la vida social y política que habían abandonado durante los últimos mandatos . Así, si el mismo día en que era elegido tenía como primer gesto saludar -junto al también recién nombrado vicepresidente, el cardenal José Cobo- a las víctimas de abusos que se manifestaban frente a la sede de la Conferencia Episcopal, unas semanas después, lideraba el apoyo público a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por centenares de organizaciones que pedían al Congreso que favoreciera la regularización de inmigrantes con demostrado arraigo.Noticia Relacionada estandar No Argüello impone la medalla de Isabel la Católica a la Virgen de las Angustias, patrona de Arévalo ABC La distinción abulense está asociada a la causa de beatificación de la reinaDe hecho, la cuestión de los abusos ha recibido un fuerte avance con la aprobación, en una asamblea plenaria extraordinaria el pasado julio, del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA) y la creación de la Comisión Asesora que ya está valorando los procesos de reparación de víctimas que no tienen opción a un juicio civil, por haber prescrito el caso o muerto el victimario. Es en esta línea en la que este lunes Argüello ha reconocido el «recorrido importante en este campo, que queremos continuar».«Hemos puesto en marcha un plan de prevención y reparación, asumimos una obligación moral donde no haya obligación jurídica, en los casos verosímiles del pasado»; ha recordado para añadir una novedad, «incluso estamos dispuestos a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo en este proceso ya en marcha». De esta forma, Argüello se adelanta a la propuesta que la semana pasada hacían los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar en el Congreso de los Diputados para crear una subcomisión de investigación para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.El objetivo de los grupos parlamentarios que forman el Gobierno, que fundamentan en el informe presentado por el Defensor del Pueblo hace medio año en el Congreso, es «acordar medidas que refuercen la prevención, incrementen la protección y se establezcan los mecanismos necesarios para la reparación». Su idea es imponer a la Iglesia católica una comisión externa que decida sobre este tipo de indemnizaciones y el importe que deben tener. De hecho, cuando los obispos anunciaron que iban a aprobar su sistema de compensación el pasado julio, el ministro Félix Bolaños trató de boicotear el acuerdo y llegó a afirmar a varias asociaciones de víctimas que «el Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto [por la Iglesia] y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo».Por contra, Argüello explicó, en una entrevista a ABC, que «nunca vamos a aceptar una imposición que no tiene base legal ni jurídica». Ahora, al proponer al Defensor del Pueblo como posible «supervisor», los obispos abren un camino intermedio, que permitiría al Gobierno apuntarse el tanto de la intervención pública en el proceso -precisamente a través del Ángel Gabilondo, a quien encargaron el informe sobre los abusos desde el Congreso- y permitiría la continuidad de la comisión independiente creada por la Conferencia Episcopal, que tras meses de funcionamiento está empezando a dar frutos.[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
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