Todas las asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado de forma unánime ante las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del TSJC en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia prevalezca «sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas». En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales recuerdan que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y que las resoluciones judiciales se adoptan tras un «análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente». «Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial», apuntan. Los jueces y fiscales señalan además la importancia que la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España y que garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal «mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho». «Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios», advierten.Coinciden en la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales pero esa protección «debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto».Una vez más, y como ya hizo la propia presidente del CGPJ, Isabel Perelló hace pocas semanas, los representantes de jueces y fiscales llaman a la responsabilidad institucional. «Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales», dicen.Apostillan que si bien las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, deben ser «fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de derecho».«Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas», concluyen.El comunicado ha sido suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
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