Un juzgado de Valencia pide al Supremo que investigue a Alvise Pérez por injurias a una fiscal

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Luis Pérez, más conocido como Alvise Pérez , por un presunto delito de injurias contra una fiscal ante los más de 688.000 suscriptores de su canal de Telegram. Por su condición de eurodiputado, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) es aforado.La Sala de lo Penal -que tiene que decidir también sobre otras causas relacionadas con el político- recibió la exposición razonada del magistrado el pasado 12 de febrero y unos días después prorrogó la causa durante seis meses con el beneplácito de la Fiscalía, de acuerdo con un auto consultado por ABC, para que pudieran acordarse las diligencias oportunas.«La Sala está pendiente de resolver sobre su competencia para el conocimiento del asunto y de analizar si concurren las razones que justificarían la tramitación de un procedimiento para el esclarecimiento de los hechos y sus eventuales responsables», apunta el escrito, avanzado por elDiario.es.En ese sentido, el Ministerio Publicó indicaba que era «preciso» practicar diligencias «relevantes para la investigación» como la «tramitación del suplicatorio, declaración del que en su momento sea reputado investigado, de determinados testigos, así como pericial sobre el funcionamiento de un canal público de Telegram como el descrito en los hechos iniciales con indicación de las posibilidades de control que tiene el administrador del mismo respecto de los comentarios que se vierten en él».Fue la propia afectada, la fiscal delegada de la sección de delitos de Odio Susana Gisbert, quien denunció los hechos después de que se compartieran, entre enero y febrero de 2024, imágenes suyas en el canal de Alvise, una de ellas tomada en el ámbito privado.«Esta gente es la que nos está multando e intentado meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión», indicaba uno de los mensajes que las acompañaban, a raíz de la petición de tres años de cárcel y una multa de 3.600 euros que Gisbert había hecho para un procesado por los mensajes publicados en redes sociales en los que atribuía delitos a los migrantes.