El Gobierno ha presentado un recurso contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que le obliga a acoger a más de mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran actualmente bajo tutela de los servicios de protección de Canarias, después de la semana pasada el órgano judicial diera un plazo de diez días al Ejecutivo para que garantice el acceso de dichos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.El recurso, según ha adelantado ‘El País’ y ha podido confirmar ABC, la Abogacía del Estado sostiene que la competencia para la acogida de estos menores corresponde a la comunidad autónoma canaria, independientemente de que hayan solicitado protección internacional.Este mismo jueves, Ángel Víctor Torres aseguró que «se va a respetar, lógicamente, ese fallo y se va a llevar a la práctica» el auto del Supremo con «las reuniones que sean precisas y defendiendo el interés superior del menor». Además, detalló que el auto «en ningún caso dice que deben de estar, quedarse, o irse a otro lugar», lo que apunta es que tienen que «estar en el sistema nacional de acogida».El Supremo dictó el pasado 26 de marzo una medida cautelar que obligaba al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar en diez días la acogida de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo, describiendo la situación de estos como «insostenible».Noticia Relacionada CRISIS MIGRATORIA estandar No Clavijo, Torres y Saiz se encuentran en Tenerife para abordar la distribución de los menores que exige el Supremo Laura Bautista /EP Canarias entiende que los algo más de 1.200 menores solicitantes de asilo no deben computar en la distribución del decretoLos magistrados explicaron que en estos momentos «estos menores no acompañados solicitantes de asilo se encuentran a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma», sin que conste que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado, «sistema al que estos menores tienen pleno derecho».«En la actual situación resulta urgente que se garantice el acceso de estos menores no acompañados solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida del que no pueden permanecer al margen, por lo que dicho acceso debe acordarse como medida cautelar», resolvió la Sala Tercera, en una resolución de la que fue ponente la magistrada Ángeles Huet.
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