La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, lleva tiempo buscando espacios para los menores inmigrantes no acompañados que llevan años llegando en oleadas a la región. Y ahora, le toca lidiar con una nueva remesa, que fuentes independentistas cifran en unos 800 a estos menores, que será la que le corresponda a Madrid en el reparto pactado entre Puigdemont y el Gobierno central. —¿Los menores inmigrantes no acompañados son un problema?—El problema es la política migratoria que estamos sufriendo y que está generando un fuerte impacto en el sistema público de protección. Nosotros tenemos el aeropuerto de Barajas, donde llevamos meses alertando de esa llegada descontrolada de menores. El problema es tratarles como les trata el Gobierno de España, permitiendo que pierdan la vida en el mar, y luego como paquetes. —¿Cuántos menas tiene ahora mismo Madrid?—Muchos no permanecen en el sistema, entran y salen, a veces salen y luego vuelven, porque no están en centros cerrados. Nosotros hemos atendido a 2.442 en el año 2024, y en lo que va de este trimestre, casi a mil.—¿Ahora mismo, están llenos?—Estamos al 132 por ciento de su capacidad en los centros específicos de atención a menores no acompañados, en los tres centros de acogida y centros de atención específica que son el paso posterior. Son para menores no acompañados extranjeros o no.—El Gobierno central pone en duda los datos que han dado ustedes de atenciones.—La ministra lo primero que ha hecho es ocultar deliberadamente los datos que hemos aportado. Una ministra, por cierto, que está poco legitimada para ser titular de Infancia cuando no conoce el sistema de protección por el que se hacen efectivas las tutelas de los menores. Y está inmersa en un reparto que además de ser completamente ilegal, vulnera los propios derechos de los menores, con unos criterios que están cocinados desde Waterloo con intenciones políticas. A Sánchez no le importan los menores; a Sánchez sólo le importa Sánchez. —Con ese 132% de ocupación, ¿en dónde van a meter a los 800 que llegan? ¿Van a llegar todos de golpe?—Nosotros no sabemos nada, más allá de una filtración de Puigdemont sobre su acuerdo con el PSOE. No sabemos si lo van a hacer de golpe, por fases, ni qué perfiles van a trasladar a cada comunidad… evidentemente, lo que hemos recurrido al Constitucional es que es un reparto ilegal porque invade competencias exclusivas de las comunidades. Estamos planteando los diferentes escenarios a los que nos podamos enfrentar, ver cuál es la elasticidad de nuestros propios centros, y estamos estudiando ubicaciones para otros nuevos.—¿En distintos municipios?¿Cuáles?—Estamos viendo dónde tenemos ubicaciones donde pudiéramos instalar estancias y centros para acogerles. —¿De cuántos estaríamos hablando?—Pues el problema es la planificación que no tenemos por parte del Gobierno; si pudiésemos tenerla, podríamos hablar de cuántos, de qué tipo y dónde. Pero yo pienso que no va a poder ser de golpe, porque pondría en riesgo el propio Gobierno de España a esos menores.—¿Le han ofrecido algunos espacios del Gobierno central?—No, a mi no me ha llegado ningún ofrecimiento. Si tiene alguno el delegado del Gobierno, le propongo que se los ofrezca al Ministerio de Migraciones, que tiene a 1.600 personas en un campamento en Alcalá de Henares y a más de 1.500 en otro campamento que están hacinadas en esos centros. —¿Cómo llegan los menas directamente a las puertas de los centros de acogida?—Llegan de maneras muy diferentes, sabemos que se producen esos repartos, que hay llegada a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, y en muchas ocasiones aparecen en comisarías, o en grupos en los centros de acogida… Por eso hablamos también del sistema de mafias, y del necesario control que tiene que hacer el Gobierno de España. En muchas ocasiones vienen dirigidos por esas mafias, que los traen y de repente también se los llevan. Y vemos que los perfiles son cada vez más complicados, con unos consumos de drogas tremendos. —Si llegan 800 menores de golpe, es duplicar los que hay hoy, ¿colapsaría el sistema?—Absolutamente; sería insostenible. —Abrieron La Cantueña porque estaban colapsados, y llevan peleando desde que lo dijeron con el ayuntamiento. ¿Se espera esta misma reacción en otros ayuntamientos?—Ha sido muy complicado poner en marcha este centro, por el rechazo del alcalde socialista de Fuenlabrada, que nos ha llevado a los tribunales, y la Comunidad ha ganado en siete ocasiones. Ha manifestado que no quiere que esos menores estén en su municipio. Muestra una conducta xenófoba, porque no ha parado de señalar ese centro y a esos menores cuando no teníamos otra posibilidad de atenderles que poniendo otro recurso a disposición. Espero que no haya esta reacción por parte de otros alcaldes. Pero a ese ejemplo se han sumado el delegado del Gobierno y también Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid pero también ministro de España.—Una de sus quejas es que el centro está aislado y no es el emplazamiento ideal para tener a estos menores. ¿Les ha ofrecido una alternativa en Fuenlabrada más céntrica?—Pues no, no nos ha ofrecido ninguna alternativa. Pero es que lo que dice no es real, La Cantueña está entre dos grandes municipios, está bien comunicado por transporte. —El centro de Casa de Campo iba a cerrarse, dijeron hace un par de años. Eso se ha parado.—El volumen de llegadas no nos ha permitido poder cerrar el centro, primero para una reforma que tampoco pudimos hacer por la llegada masiva provocada por esa crisis migratoria. —¿El conflicto del otro día se produjo entre jóvenes de la misma nacionalidad?¿O hay rivalidades por nacionalidades?—Desconozco las nacionalidades. Lo que me preocupa son los perfiles que estamos viendo, que no tienen tanto que ver con la nacionalidad sino con las circunstancias en las que llegan, en que están usados por las mafias, son presos de las mafias. Estamos viendo que los perfiles para una intervención de integración se han complicado muchísimo, lo hemos trasladado también al Gobierno de España, cómo son esos perfiles que nos mandan, para poder adecuar los recursos. —¿Nunca habían pedido antes la reagrupación familiar de menores?—Tuvimos una reunión técnica en 2019 con la Delegación del Gobierno para evaluar esta situación, que contempla la Ley de Extranjería. Nunca más supimos ni hemos obtenido demasiada colaboración. Cuando hemos detectado estas situaciones, hemos reactivado esto por el interés superior del menor. En estos perfiles, está demostrado técnicamente que va a ser muy complicado que puedan estar bien, y se trata de que estén bien. Por ello, se piensa que lo mejor es separarles de un contexto que no es seguro, y que bajo el contexto familiar sería más seguro para ellos.—¿Tiene confianza de que se vaya a hacer esa reagrupación?—Yo confío en que la Delegación del Gobierno también valore ese interés y trabajar con las familias para esa reagrupación familiar, ya sea en sus países de origen o aquí.—¿Qué drogas toman?—Hay drogas que yo desconocía; son drogas químicas, parecidas al éxtasis líquido, pero también otras que no están en el mercado actual que se conozca aquí. Por eso pensamos que tiene algo que ver con lo que se produce en el tráfico de estas personas.—¿Cuál es el porcentaje de menores inmigrantes no acompañados de estos centros que entra en el proceso de integración con éxito?—La inmensa mayoría: estaríamos superando el 90 por ciento de los menores que se integran en nuestra sociedad. De los que entran en el sistema de protección y permanecen en él.
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