El Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite este martes los tres recursos de amparo interpuestos por la exministra de Justicia y ex fiscal general Dolores Delgado contra las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que en mayo y junio de 2024 anularon su nombramiento como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El Tribunal considera que los recursos de amparo carecen de especial trascendencia constitucional.La anulación del real decreto de nombramiento de Delgado se produjo en virtud de tres sentencias del Tribunal Supremo que tenían por objeto los tres recursos interpuestos por la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y un particular.El presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, no ha participado en la deliberación por haberse abstenido previamente.El pasado 28 de enero el Pleno del Tribunal sí admitió a trámite el recurso de amparo de Delgado contra la sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló su nombramiento como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. En esa ocasión el Pleno apreció una especial trascendencia constitucional en el recurso de la antecesora de García Ortiz al concurrir en el mismo una «especial trascendencia constitucional». El Pleno tomó esta decisión con los votos en contra de Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.Pese a ese aparente portazo del TC a Delgado, no es este recurso el que preocupaba a los magistrados del sector conservador, convencidos de que será el recurso del fiscal Eduardo Esteban (el primero que fue admitido a trámite) el que servirá para modificar la doctrina del Magistrados del bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC) sospechan que la mayoría progresista que lidera Cándido Conde-Pumpido va a aprovechar el recurso de amparo presentando por Eduardo Esteban contra su nombramiento como fiscal de sala de Menores y el primero admitido de Delgado (el de la Fiscalía Togada) para desautorizar al Supremo y cambiar su doctrina sobre el control judicial de los nombramientos propuestos por el fiscal general del Estado.

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