El padre del Rey inició el jueves pasado las acciones civiles para demandar al diputado de Cantabria y expresidente del Gobierno de dicha comunidad, Miguel Ángel Revilla, por las críticas que ha vertido contra él en distintos medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de este año, y que, según considera Juan Carlos I, lesionan su derecho al honor.Sorprendió a la prensa que el veterano político fuera el escogido por Don Juan Carlos para ejemplarizar cuando otras personas también le han criticado abiertamente y llamó la atención, igualmente, que lo hiciera por medio de un comunicado de una abogada que hasta ahora no se ocupaba de su defensa, la alicantina Guadalupe (Lupe) Sánchez, @Proserpinasb en redes sociales, donde es muy activa. La letrada destaca en su propia web su experiencia de dos décadas en la profesión (en 2004 abrió su propio despacho) pero también su lado mediático. Es habitual en las tertulias del programa de Carlos Herrera en la Cadena Cope y escribe artículos en ‘The Objective’, así como se defiende con soltura en los platós de televisión.Las palabras de RevillaFuentes próximas a la abogada trasladaron a ABC que lo que se inició el pasado jueves contra Revilla es «una demanda de conciliación, cuya finalidad es darle la oportunidad de rectificar sin llegar al pleito» y que decidieron hacerlo porque sus expresiones se vertieron en distintos programas, fueron reiteradas en el tiempo y algunas de ellas las hizo cuando aún era presidente de Cantabria en el programa ‘El Hormiguero’ (Antena 3, entre mayo 2022 y enero 2025), así como en La Sexta, Telecinco y ‘El Mundo’ (2024). «Me hubiera gustado que hubiera llegado repatriando todo el dinero que tiene fuera y pidiendo de verdad disculpas», afirmó Revilla en 2022. «Es una persona que ha cometido verdaderos delitos. Como mínimo, eso ya lo sabemos, delitos fiscales imperdonables en un jefe del Estado», dijo también.Para el entorno de Juan Carlos I -que continúa en Emiratos Árabes Unidos, donde estableció su residencia tras la investigación fiscal abierta por las supuestas comisiones del AVE a la Meca que acabó archivada-, por medio de las citadas palabras del expresidente cántabro y otras similares se le atribuyeron conductas delictivas en el ámbito fiscal a pesar de no existir ninguna resolución condenatoria y encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias.De ahí que, en el comunicado que envió a los medios su abogada, Guadalupe Sánchez, aclarase que «con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda, y con la exclusiva finalidad de facilitar a D. Miguel Ángel Revilla Roiz la consecución de un acuerdo que evite el litigio, se ha formulado solicitud de celebración de acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander». Aclaró que «además de solicitar la rectificación a través de los mismos medios y de manera pública de las manifestaciones calumniosas e injuriosas lesivas para su honor, mi representado reclama una indemnización por los daños morales causados que asciende a 50.000 euros, que serán donados íntegramente a Cáritas España».No es la primera vez que la abogada, orgullosa de que la definan como una «extremista de la presunción de inocencia», emprende un caso de similares características. En 2023 consiguió una sentencia condenatoria contra la exministra de Igualdad Irene Montero por llamar «maltratador» a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, al frente de la asociación Infancia Libre, quien no quiso dejar a su hijo en manos del padre durante ocho años. La política de Podemos fue condenada a pagar 18.000 euros por sus palabras. «La existencia de límites a la libertad de expresión no es sólo una cuestión de lógica jurídica, sino de sentido común», escribió la abogada en un artículo de opinión. Una declaración de intenciones sobre cómo entiende las manifestaciones públicas cuando éstas atribuyen conductas delictivas a otros. En el caso de Revilla, según traslada su entorno a este diario, además considera que es más grave por su condición de cargo público. «Ha dicho que es un ciudadano de a pie que se enfrenta a los poderosos, pero es un cargo público. Algunas de las declaraciones a las que viene referida la demanda de conciliación las realizó como presidente de la comunidad. Un cargo público debe velar por el respeto de los derechos fundamentales de sus compatriotas, en especial el honor y la presunción de inocencia, aunque sea para referirse a otro cargo público o famoso», trasladan fuentes próximas a la letrada.Defiende a González AmadorGuadalupe Sánchez es una de las abogadas del equipo de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a quien una juez de Madrid investiga por dos delitos fiscales. La investigación fiscal que dio origen a dicha causa es la que, a su vez, ha llevado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a estar imputado por revelación de secretos, pues pidió información sobre la investigación fiscal al novio de Ayuso que acabó publicada en la prensa.Además de por defender a su pareja, la abogada Guadalupe Sánchez está unida o es próxima a Isabel Díaz Ayuso por otros motivos. La letrada ha escrito dos libros, ‘Populismo punitivo’ y ‘Crónica de la degradación democrática española’, ambos de la editorial Deusto (Grupo Planeta) publicados en 2020 y 2023 que fueron presentados por la presidenta madrileña.Según fuentes próximas a la letrada, también tiene una buena relación con la expresidenta madrileña e igualmente política del PP Esperanza Aguirre.
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