El Gobierno ha pactado este martes con Junts incluir una cláusula de última hora en el decreto antiaranceles aprobado en el Consejo de Ministros para destinar hasta 3.000 millones de euros a las empresas catalanas. Los neoconvergentes logran así «territorializar» los fondos que moverá el plan de ayudas. Es decir, que su reparto se adecúe al volumen de exportaciones a Estados Unidos de cada territorio para beneficiar más a los más afectados por la subida de aranceles de Washington, que en Cataluña asciende al 25%, según previsiones de Junts. Desde el Ministerio de Economía se ha intentado matizar este planteamiento, que subrayó que la disposición adicional segunda incluida en el decreto prevé « un reparto equilibrado » de las ayudas a nivel territorial, lo que no implica más que si hay concentración de empresas afectadas en un territorio, éste reciba más ayudas. Economía ha concretado en su primera evaluación que los aranceles afectarán al 80% de las exportaciones a EE.UU., mientras que Junts sostuvo que el 25% de esas exportaciones proceden de Cataluña, lo que sobre el papel les facilitaría un porcentaje similar de ayudas. Desde Economía se ha recordado que las ayudas se concederán a demanda y que se ampliará la dotación prevista si hubiera más empresas afectadas. La maniobra del Gobierno abre sospechas, ya que el decreto incluye la dotación del fondo de avales del ICO de 5.000 millones, pero no el criterio para su reparto, que se podría alterar sin pasar por las Cortes .Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno rehúsa dar ayudas directas a las empresas hasta que la UE negocie con EE.UU. Bruno Pérez El ministro de Economía se guarda esa baza a la espera de que la negociación bilateral entre Bruselas y la Administración Trump atenúe el golpeEl pacto del Gobierno con Junts ha pillado al Partido Popular (PP) desprevenido, centrado en mantener abierta la negociación a pesar de los desaires de Moncloa, que en el decreto aprobado en el Consejo de Ministros apenas hizo un par de referencias a las medidas trasladadas por Juan Bravo a Carlos Cuerpo el día anterior. La «gravedad de la situación» y el sentido de Estado habían hecho a Génova tragar saliva y tender la mano, pero el anuncio de los de separatistas provocó el enfado de la dirección. «El Gobierno ha decidido expulsar al PP del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles», han señalado fuentes del PP, sin romper del todo los puentes con el Ejecutivo, pero dejando claro que el acuerdo a partir de ese momento iba a ser mucho más complicado. Las fuentes consultadas, han reconocido que «el mensaje del Gobierno había sido claro: no se puede llamar a los pactos de Estado mientras se sigue subastando el Estado».Nada más conocerse el acuerdo con Junts, en Génova ha empezado a extenderse la sensación de estupor, incapaces de entender cómo en medio de una negociación se optaba por dar gusto al separatismo antes que al principal partido de España. «Seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado, pero no es posible que cuenten con el PP si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y territorios», señalan fuentes del partido liderado por Feijóo. Este gesto del Gobierno se ve en el PP como una traición. «Nos lo tomamos como una falta de respeto a la interlocución, honesta por nuestra parte, mantenida en las últimas horas». En ese sentido, uno de los más tocados era el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, encargado de liderar las negociaciones con el ministro Cuerpo, con el que tenía previsto seguir hablando en las próximas horas en busca de un acuerdo que ahora parece mucho más lejano. No era la primera vez que las relaciones entre Moncloa y Génova se torcían en plena negociación del acuerdo para paliar los efectos de la guerra comercial. La última, el fin de semana. Por eso, una llamada del ministro de Economía a Bravo pasadas las diez de la noche del pasado lunes deshelaba las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular en el plan antiaranceles. Hasta ese momento, la intención del Ejecutivo, como había trasladado a varios medios de comunicación, era aprobar un decreto sin ninguna de las medidas que el vicesecretario económico de los populares le había trasladado esa misma tarde. Visto el malestar que ese ninguneo había provocado en Génova, el ministro volvió a levantar el teléfono para escuchar otra vez a Bravo, al que prometió que intentaría reflejar de alguna manera esas inquietudes en el texto que este martes, finalmente, ha aprobado el Consejo de Ministros y que el propio titular de la cartera de Economía había remitido a la dirección de los populares en la madrugada del lunes al martes.En el mismo, apenas unas referencias a las propuestas del PP. Guiños que han resultado «insuficientes» para los populares, que valoraban la predisposición del Gobierno, aunque le pidieron más si querían amarrar su apoyo a la convalidación del decreto dentro de un mes en el Congreso. «Queda mucho tiempo y ahora lo importante es que tienen una propuesta encima de la mesa, que es amplia y busca la competitividad de nuestros sectores en un momento muy complicado. Por eso, le decimos al Gobierno que se siente, que lo analice y que piense en España», ha señalado este martes Cuca Gamarra , secretaria general del PP, tendiendo de nuevo la mano al Ejecutivo sin saber que en ese momento ya estaban negociando con Junts. «Entendemos sus dificultades parlamentarias y somos conscientes de que hablar de economía con el PP es alejarse aún más de sus socios. Pero ese es problema de Sánchez, no de las empresas, ni de los productores del país», han señalado este martes fuentes del PP, molestas al ver cómo al mismo tiempo que se hablaba con ellos, el Gobierno pactaba con Junts. El propio Feijóo ya dejó entrever en su intervención del lunes que si el Gobierno no atendía a las medidas pactadas con los representantes de los sectores más afectados por la guerra comercial su partido no daría su apoyo al decreto. Una postura que no ha cambiado y de la que el PP no va a moverse. En concreto, los populares pidieron una rebaja fiscal a familias y empresas, además de un plan de competitividad industrial. Sin olvidarse de la presentación de unos Presupuestos que se hacen más necesarios según pasan los días.
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