La convicción y empeño de Cándido Conde-Pumpido en que ningún órgano judicial rebata las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que preside le ha llevado a medir mal las consecuencias de sus movimientos con la Audiencia Provincial de Sevilla desde que esta anunció su intención de recurrir los ERE a Europa. El haber destapado su maniobra y que todos los informes internos , incluso los encargados por él mismo, le hayan aconsejado « no hacer nada » no está suponiendo ningún impedimento para que en el Pleno de esta semana esté intentado recabar apoyos ‘in extremis’ para que no se visibilice que esto ha sido una cuestión personal, como demuestra el hecho de que no haya una resolución de la Sala ni del Pleno del Tribunal Constitucional que respalde la petición de información a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para recurrir a Europa. La tensión del presidente se ha visibilizado este martes durante el Pleno, en cuyo orden del día él mismo ha incluido un debate jurídico con dos puntos: por un lado, «el planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución»; por otro, «el deber de velar por el cumplimiento efectivo de nuestras resoluciones establecido en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional», el ideado por Rajoy para luchar contra la desobediencia del independentismo. Aunque el debate ha consistido en que cada magistrado expusiera su punto de vista sobre la cuestión, sí ha quedado claro para los presentes que Conde-Pumpido busca una salida digna a lo que interpreta como una campaña contra él y contra el propio Constitucional. De ahí que busque apoyos que desemboquen en una declaración conjunta poniendo en valor la legitimidad del órgano de garantías. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por ABC hablan de un Pleno de máxima tensión, mientras que otras hablan de un momento puntual en el que el presidente, visiblemente nervioso, ha perdido los papeles y tuvo un encontronazo con la magistrada del sector conservador Concepción Espejel. Ha sido ella la última de los siete que han intervenido por orden de antigüedad, de forma que quedan pendientes para este miércoles los cinco últimos en llegar al Tribunal: los nombrados por el Gobierno -los progresistas Juan Carlos Campo y Laura Díez-, los dos del Consejo General del Poder Judicial -César Tolosa y María Luisa Segoviano- y José María Macías, quien fue nombrado recientemente por el Senado para ocupar una de las vacantes más antiguas -en sustitución de Alfredo Montoya- y a quien, sin embargo, el presidente ha dejado para el final .Noticia Relacionada estandar Si El TC rechaza el recurso de Dolores Delgado contra la anulación de su nombramiento al frente de Memoria Democrática Nati VillanuevaEl gesto no parecía intencionado si no fuera porque el informe del letrado de Macías es uno de los más beligerantes con la actuación de Conde-Pumpido. «La interferencia, injerencia, condicionamiento, impedimento u obstaculización por el TC del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios nacionales constituiría un grave atentado a la independencia judicial de esos tribunales ordinarios, que podría motivar la responsabilidad del Reino de España, exigible mediante un procedimiento por infracción de los arts. 258-259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sin descartar que se haya podido incurrir ya en esa responsabilidad por la exigencia indebida de explicaciones o la eventual emisión de informes por este Tribunal Constitucional dirigidos a justificar la improcedencia o incorrección del planteamiento de las cuestiones prejudiciales », señalaba ese dictamen. La mayoría de las fuentes consultadas dan por hecho que Conde-Pumpido ha asumido que es imposible frenar la consulta de un órgano judicial a Europa y no se espera que rectifique su posición del lunes en el Ateneo, donde aseguró públicamente que «en ningún caso» se iba a anular la cuestión prejudicial de la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, de forma muy aislada hay algún magistrado que no descarta que su empeño le lleve a recurrir al artículo 92, al que fuentes del entorno del presidente llevan aludiendo desde el primer día, pero para eso necesitaría del apoyo de los progresistas, que aunque reconocen que es un tema «novedoso y relevante», no parecen más que dispuestos a cerrar este debate sin más. y correr un tupido velo. Son conscientes del impacto que aplicar a la Audiencia de Sevilla un artículo previsto para la desobediencia del ‘procés’.
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