La negociación abierta entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) sobre el decreto de medidas contra los aranceles de Donald Trump , que ya está en vigor a la espera de su necesaria convalidación en el Congreso de los Diputados, se ha enturbiado públicamente este miércoles precisamente en la Cámara Baja. Antes y durante el pleno de control parlamentario diversos dirigentes del Ejecutivo y el PSOE han arremetido contra los populares por sus críticas al cupo para las empresas catalanes que, según Junts per Catalunya, se habría incluido en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Lo han hecho en un tono muy distinto al exhibido en los últimos días por el piloto principal de la negociación, el ministro de Economía Carlos Cuerpo , quien mantiene abierto un importante canal de comunicación con el responsable económico del PP, Juan Bravo. «Hablo con el señor Bravo en los últimos días más que con mi familia», señaló con sorna Cuerpo este martes en declaraciones a los medios en el Senado. En ese momento ya se había desatado la polémica por la interpretación de Junts sobre el decreto, y en concreto sobre su disposición adicional segunda, que habla de la «garantía de proporcionalidad territorial en la aplicación de los fondos», en referencia a los 14.000 millones de euros movilizados con diferentes fórmulas para ayudar a los sectores más afectados por los aranceles de hasta el 20 por ciento impuestos desde Washington a la Unión Europea (UE). Noticia Relacionada estandar Si Juan Bravo: «El Gobierno terminará aceptando las propuestas sensatas del PP contra los aranceles. Tienen tiempo hasta mayo» ABC de Sevilla El vicesecretario de Economía del Partido Popular recalca que para que haya negociación hay que tener en cuenta a todas las partesEn esa disposición -que el PP ya conocía el lunes por la noche, aunque no que se hubiera negociado con los de Carles Puigdemont – se establece que la puesta a disposición de las empresas de esos sectores de los instrumentos financieros contemplados en el decreto se haga «sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024, con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición». El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, antes de entrar al pleno, ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que «espero que no sea una excusa del PP para buscar un conflicto donde no lo hay. Las ayudas llegarán a los sectores y a las empresas y a los trabajadores que se vean afectados, y punto», ha sentenciado. Unas palabras parecidas a las empleadas en la propia sesión de control por parte de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que igualmente ha pedido al Grupo Popular que no ponga «excusas» para aprobar el decreto. «Maltratan a Cataluña» También en declaraciones a los medios antes de comenzar el pleno, el diputado del PSC y miembro de la dirección del grupo parlamentario del PSOE, José Zaragoza, ha dado por buenas las cifras aportadas por Junts. «El 25 por ciento de las empresas que exportan son catalanas, es tan sencillo como dar una cifra de lo que se corresponde con la realidad», ha asegurado el representante en la Cámara Baja de la formación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no ha perdido la oportunidad de terciar en el debate ante los medios. «Están tan acostumbrados a maltratar a Cataluña, que cuando un partido catalán garantiza que le lleguen los euros que le corresponden, aquí todos se escandalizan», ha señalado sin mencionar al PP. Nogueras, preguntada sobre si el apoyo de los populares al decreto podría condicionar su voto, ha contestado de manera tajante que «nunca» su formación decide su postura en una votación parlamentaria en funciones de qué otros grupos la apoyan. Desde el PP, mientras tanto, se pide a Cuerpo que aclare las cifras aportadas por Junts, como ha declarado el portavoz de la dirección del primer partido de la oposición, Borja Sémper. «El Partido Popular no ha cambiado su posición. Nosotros somos conscientes del momento crítico que atraviesa el país y sus empresas, y nuestra posición es la de aportar alternativas y soluciones, será el Gobierno el que tenga que explicar si lo que dice Junts es cierto o no. Este vodevil permanente en el que estamos metidos». ha sentenciado.
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