Aunque un escueto mensaje de Prensa del Tribunal Constitucional tratara de camuflar este miércoles el fracaso del presidente dejando la puerta abierta a la «reflexión», la realidad es que « el tema está muerto », sentenciaba este miércoles uno de los magistrados del órgano de garantías en conversación con ABC. Y es que en la segunda jornada del Pleno que comenzó el martes, los magistrados no sólo dieron la espalda a la maniobra de Cándido Conde-Pumpido de frenar la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla presentará ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre los ERE -algo de lo que el presidente ya había desistido-, sino que ni siquiera le complacieron con una declaración conjunta que justificara la necesidad imperante de celebrar este debate jurídico. Sobre todo sabiendo de antemano que todos los informes internos del tribunal, incluso los encargados por el propio Conde-Pumpido , habían advertido de la imposibilidad de parar la consulta de un órgano judicial a la justicia europea.En un clima más sereno que el del día anterior, en el que, según coinciden los presentes, el presidente perdió las formas con la magistrada de perfil conservador Concepción Espejel haciendo saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo -este miércoles le pidió perdón -, el Pleno continuó abordando el asunto de la cuestión prejudicial con las intervenciones de los cinco magistrados que quedaban, entre ellos, José María Macías, uno de los más críticos con la maniobra del presidente, pues, como informó ABC, el informe de su letrado ya advirtió la semana pasada de que el hecho de pedir explicaciones a la Audiencia de Sevilla sobre su decisión de acudir a Europa ya implicaba una presión intolerable a un órgano judicial, soberano para consultar al TJUE lo que considere oportuno.Todos los magistrados coincidieron en dos cuestiones: que ni el TC puede ni debe interferir en la actuación de los órganos de la jurisdicción ordinaria y que el TJUE tiene primacía sobre el derecho interno. De ahí que el movimiento del presidente, hace diez días, reclamando las actuaciones a la Audiencia de Sevilla y al TSJ de Madrid no esté justificada, como le había recordado Espejel el día anterior enumerando las irregularidades de su maniobra, una de las cuestiones que hizo perder los nervios a Conde-Pumpido obligando a Espejel a decirle hasta en tres ocasiones que no le gritara. La otra fue cuando la magistrada le preguntó dónde estaba la resolución -inexistente- por la que este asunto se avocaba a Pleno.Noticia Relacionada Caso de los ERE estandar Si Conde-Pumpido se queda solo en sus presiones para no acabar ante la Justicia europea Nati Villanueva Lo que tienen claro los magistrados, y así lo manifestaron en sus intervenciones, es la improcedencia de aplicar medidas coercitivas para obligar a la Audiencia de Sevilla a cumplir las sentencias del TC que borraron las malversación de los ERE , medidas contempladas en un precepto que se pensó para hacer frente a la desobediencia del ‘procés’, ante el incumplimiento reiterado de las resoluciones del órgano de garantías. Fuentes del Tribunal recalcan que en ningún caso estas medidas coercitivas son aplicables al caso por mucho que Conde-Pumpido apelara a ellas cuando inició esta maniobra que ha resultado tan desafortunada y con la que algunos magistrados ya apuntaron a ABC que se había pegado «un tiro en el pie». Los esfuerzos del exministro socialista Juan Carlos Campo y del conservador Ricardo Enríquez por cerrar esta crisis de la forma más discreta posible por el bien de la institución -lo que también quería Conde-Pumpido en su afán por no parecer que este debate era fruto de su empeño personal-, se dieron de bruces con la negativa de los magistrados a firmar ni siquiera una declaración neutra en la que se dijera algo tan evidente como que el Tribunal Constitucional iba a respetar lo que la Audiencia de Sevilla hiciera.Defensa de su jurisdicciónAlgún magistrado de la mayoría progresista sí era partidario de suscribir un párrafo en el que se defendiera la jurisdicción del TC, pero según manifiestan miembros del sector conservador eso había implicado reconocer que el movimiento de los jueces de Sevilla ha supuesto una amenaza para el Constitucional cuando no ha sido «ni remotamente» así. De esta forma, y como algunos vaticinaban desde el momento en el que Conde-Pumpido movió ficha, el debate terminó precisamente como aconsejaban los informes internos, sin hacer nada y poniendo de manifiesto la soledad del presidente.
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