La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) rechaza una de las principales medidas del nuevo decreto que quiere aprobar el Gobierno en las próximas semanas. Uno de los requisitos más discutidos del borrador es el que obligará a los campus a lograr un mínimo de 4.500 alumnos matriculados en cinco años de plazo. Fuentes de los Consejos Sociales universitarios argumentan a ABC que el veto «no es razonable», entre otros motivos «porque parece ignorar que la natalidad en España está en caída libre ». La Conferencia de Consejos Sociales, que hoy se reunirá con el ministerio que dirige Diana Morant para plantearle sus mejoras, representa a la sociedad en los consejos de 41 universidades públicas españolas y está presente en los patronatos de 10 privadas. Se trata de una asociación que no siempre se encuentra alineada con la postura de los rectores de las universidades. De hecho, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha reaccionado de forma positiva (y muy breve) a lo anunciado por el presidente del Gobierno el pasado 31 de marzo. La CRUE representa a instituciones públicas y privadas, pero no se pronunció cuando Pedro Sánchez habló de «chiringuitos» para referirse a algunas universidades privadas de nuestro país. ¿Y la especialización? Los Consejos Sociales universitarios también han argumentado a este diario que la exigencia de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento «puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son clave en el nuevo contexto formativo y profesional». En este sentido, se preguntan: «¿No están especializadas en algún área de conocimiento muchas de las más reputadas universidades del mundo?» Noticia Relacionada estandar No La universidad sigue siendo de izquierdas (pero cada vez menos): «Está bien leer a Marx, pero, ¿sólo?» Beatriz L. Echazarreta Los límites de Sánchez a la privada, más conservadora, se leen como una maniobra para no perder influencia políticaEn cualquier caso, lo que sí ha valorado positivamente esta agrupación es el esfuerzo del Ministerio de Universidades por actualizar el marco normativo que regula la creación y acreditación de las universidades privadas en España. En el periodo de audiencia e información públicas, ha formulado varias recomendaciones con el objetivo de que la nueva norma «se adapte mejor a la realidad del sistema universitario y a sus desafíos futuros, y garantice una oferta educativa rigurosa, diversa y con compromiso social».La CCS defiende el derecho constitucional de creación de centros docentes y considera que los requisitos de calidad deberían ser «exigentes pero proporcionados, sin convertirse en barreras a la innovación o a la diversidad institucional». Por otra parte, reclaman dotar a las agencias de calidad de más autonomía, recursos y reconocimiento internacional, para que «puedan desempeñar su función con garantías y sin interferencias políticas o institucionales».El organismo celebra la creación de una comisión para avanzar hacia el 1% del PIB en financiación pública universitaria, «condición indispensable para que las universidades puedan asumir las nuevas exigencias del decreto».
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