El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina , ha reclamado al Gobierno de España que no repercuta a los regantes «los costes derivados de las obras de emergencia y reparación ejecutadas en el Canal Júcar-Turia y el Canal Principal del Camp del Túria, como consecuencia de los graves daños ocasionados por la dana del pasado mes de octubre».El Gobierno autonómico de Carlos Mazón insiste de nuevo en que las ayudas a los afectados por la catástrofe, con carácter general y sin excepciones, no tengan ninguna contrapartida económica para los beneficiarios, como ha venido incidiendo en el caso del pago de intereses por los créditos o los impuestos posteriores.«No es posible que el propietario de los cauces, responsable de los daños por su dejadez, pretenda ahora trasladar las consecuencias de su falta de gestión a las víctimas», ha subrayado el conseller, en el caso concreto de la agricultura. En esta línea, Barrachina ha recordado que la exministra, Teresa Ribera , como responsable de los cauces y de las obras, debió asumir las consecuencias de su gestión: «Es intolerable que las negligencias cometidas bajo su responsabilidad recaigan ahora sobre los agricultores, que son los que están sufriendo las consecuencias. Además, resulta especialmente grave que, pese a ser la ministra competente en esta materia, no se personara en ningún momento a la zona».MÁS INFORMACIÓN noticia Si El ex número dos de Emergencias defiende que nadie le dijo que los bomberos dejaron de vigilar barrancos el día de la dana«El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no puede pretender cargar a los regantes con el coste de unas actuaciones excepcionales que responden a un episodio climático extremo. No se puede pedir a los agricultores que soporten un sobrecoste millonario por unas obras necesarias para garantizar el suministro de agua y recuperar infraestructuras devastadas», ha afirmado Barrachina.Las inundaciones causadas por la dana provocaron daños severos en las infraestructuras hidráulicas de varias comunidades de regantes, lo que hizo necesaria la ejecución inmediata de obras para restablecer el riego en unas 50.000 hectáreas de cultivo. Estas actuaciones han sido financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), pero la Confederación Hidrográfica del Júcar ha comunicado que repercutirá estos costes a los usuarios a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua, en aplicación del artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA).«El Estado ha respondido en otras situaciones excepcionales con medidas normativas que evitan cargar estos costes a los usuarios finales. Lo lógico y justo es que se actúe de igual forma ahora. No estamos ante obras ordinarias, sino ante actuaciones de emergencia motivadas por una catástrofe natural», ha subrayado el conseller.El coste de las reparaciones asciende a 15 millones de euros en el caso del Canal Principal del Camp del Túria y a 30 millones de euros en el Canal Júcar-Turia. El conseller ha recordado que existen precedentes legislativos para evitar la repercusión de estos gastos, como los previstos en el Real Decreto-ley 8/2023, que contemplaba exenciones totales o parciales en situaciones de sequía extrema, o el artículo 58 del Real Decreto-ley 7/2024, que aborda los daños causados por la dana.«Lo que reclamamos no es una exención posterior, sino que se apruebe una normativa específica que evite directamente la repercusión de estos costes. La Administración General del Estado tiene capacidad y precedentes para ello», ha añadido Barrachina, quien ha calificado de « injusto y discriminatorio » que las Comunidades Generales del Canal Júcar-Turia y del Camp del Túria queden fuera del marco de ayudas que sí han beneficiado a otras comunidades de regantes afectadas.«Vamos a seguir defendiendo los intereses del sector agrícola y de los regantes de la Comunitat Valenciana, garantizando la sostenibilidad de un sector clave para el territorio», ha concluido el conseller.
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