La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado ante la juez que investiga la gestión de la dana con 228 muertos que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) fue consciente alrededor de las 19 horas del 29 de octubre de lo que estaba ocurriendo en municipios como Paiporta tras recibir la llamada de su alcaldesa, que le advirtió de que los vecinos se estaban ahogando. Al trasladar esta información a la exconsellera de la Generalitat Salomé Pradas, ésta le dijo que también estaba pasando en otros municipios, por lo que se extrae que ya conocía la dramática situación que se estaba viviendo. Bernabé ha asegurado que pidió en reiteradas ocasiones que el mensaje Es-Alert -que no llegó hasta las 20.11h tras un intenso debate- se enviara a toda la provincia de Valencia. Nadie -tampoco la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)- habló ni ofreció información en ningún momento de la situación del barranco del Poyo en toda la reunión, pese a que la alerta hidrológica estaba activada desde el mediodía. Hasta entonces, todos los ojos estuvieron puestos en la posible rotura de la presa de Forata.El correo de la CHJ en el que se advertía de un aumento brutal del caudal de esta rambla llegó a las 18.43h, durante uno de los momentos en que aquellos que estaban conectados al encuentro telemáticamente -representantes de organismos del Ejecutivo central- no tenían conexión, en uno de los varios recesos que se hicieron.De acuerdo con su relato, a las 12.23h -con un desaparecido en la comarca de la Ribera Alta- llamó a Pradas, una comunicación que se prolongó durante alrededor de cinco minutos, para ofrecerle la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la zona de Utiel y Requena ante las inundaciones que se estaban produciendo. Pradas le dijo que seguían en contacto. No es hasta las 14.53h cuando la consellera le pide por teléfono que active al ejército, aunque la petición formal -tras una primera que resultó errónea porque pedía la desmovilización- llegó el correo a las 15.41h. La situación en Utiel ya era muy crítica a esa hora. Así lo confirman a ABC fuentes jurídicas presentes durante su declaración este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, ubicado provisionalmente se encuentra en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Bernabé comparece como testigo desde las 9.45h, por lo que está obligada a responder a las preguntas de la magistrada, el fiscal y los abogados de las partes personadas en una causa abierta por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia.Entre otros asuntos, la delegada del Gobierno ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le llamó desde un teléfono móvil ajeno porque, según le comentó, tenía problemas con el suyo.Durante esta jornada también está citado el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Como testigos, están obligados a decir la verdad. El viernes pasado fue el turno de los dos únicos investigados en el procedimiento, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, a quien la Fiscalía pide desimputar de momento. Ambos apuntaron a Bernabé como una de las responsables de las decisiones que se tomaron en el Cecopi. «Vengo con ganas y con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales», ha apuntado Bernabé ante los periodistas a su llegada a los juzgados.La juez y el fiscal rechazaron investigarlaLa juez rechazó en febrero una querella de Hazte Oír en la que la asociación pedía investigar a Bernabé por no haber instado al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional. «Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal», precisó, aludiendo al papel de la Generalitat Valenciana.El escrito señalaba que «existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional». Para alertar a la población, incidía, «no era preciso instar» esa declaración, pues «se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias» y por tanto «no era preciso trasladar dicha actuación, que se adoptaran medidas de autoprotección, a la Administración central a través del Ministerio del Interior».«La cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, permite conocer la gravedad de la emergencia y acordar lo procedente con la máxima celeridad, uno de los principios por los que se rige la protección civil», aseveraba la instructora. Y una de esas medidas procedentes es «la comunicación a la población de medidas de autoprotección». La Fiscalía compartió estos argumentos en un escrito dictado en marzo y refrendó la tesis de que la dirigente socialista no reúne indicios de criminalidad.
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