La extensa declaración de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ante la jueza de Catarroja que investiga la riada de octubre pasado introdujo diversos elementos de valoración que apuntan a una, al menos, deficiente gestión informativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La jueza responsable de la instrucción de esta causa ha mantenido el criterio de concentrar en la administración autonómica dirigida por Carlos Mazón todos los posibles reproches penales por las más de doscientas muertes que causaron las riadas en la provincia de Valencia. De hecho, Pilar Bernabé declaró como testigo, no como investigada. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha declarado en ninguna condición, porque la jueza de Catarroja consideró que en las causas de la tragedia no hubo un déficit de información, sino un retraso injustificado de la alerta a los ciudadanos, que era competencia, a juicio de la instructora, de la administración autonómica.La declaración de Pilar Bernabé invita a la jueza de Catarroja a abrir el ángulo de su investigación. Sería coherente con la naturaleza investigadora de toda instrucción penal no dejar fuera de su ámbito una indagación sobre el comportamiento de una de las administraciones públicas concurrentes en la gestión de una emergencia como lo fue la dana del pasado octubre. La delegada del Gobierno reconoció que no fue la Confederación Hidrográfica del Júcar el origen de su información sobre la avenida mortal que discurrió por el barranco del Poyo, sino una conversación con la alcaldesa de Paiporta, a las 19:05 horas del 29 de octubre de 2024. Dada las dimensiones de la masa de agua que se formó en el barranco del Poyo y siendo la Confederación Hidrográfica la administración competente sobre ese cauce, parecen insuficientes los meros suministros de datos sobre la evolución de ríos que dicho órgano fue facilitando, sin añadir ninguna alerta al respecto. Hubo, por tanto, un silencio significativo en lo que se refiere a la valoración de los riesgos que el barranco del Poyo representaba para las localidades atravesadas por su cauce. La declaración de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se presenta como una diligencia de investigación coherente con el testimonio de Bernabé y compatible con mantener el foco sobre la Generalitat Valenciana. La exclusión de las autoridades de la Administración Central del Estado –no solo de una imputación penal, siquiera de una mera calificación como personas investigadas– quizá resulte una decisión judicial precipitada, que contrasta con los apodícticos juicios de la instructora contra los responsables autonómicos que ya han declarado como investigados, paso previo a su imputación formal. Con más de doscientos muertos y tantas preguntas sin respuesta, la investigación judicial es el espacio natural del Estado de derecho para despejar las incertidumbres e identificar a los responsables. Es difícil alcanzar este objetivo cuando la investigación se coarta a sí misma desde sus inicios, dejando fuera a responsables con autoridad directa sobre la gestión de la crisis, prejuzgando el resultado de unas pruebas que no se han practicado. La responsabilidad política, en cambio, no tiene que esperar a que la jueza de Catarroja modifique su criterio. La delegada del Gobierno ha descrito una secuencia de acontecimientos que hace perfectamente denunciable el silencio de la Confederación Hidrográfica del Júcar . Dijo el presidente del Gobierno que llegaría el momento de «mirar atrás» para depurar responsabilidades por la dana. Pues ese momento ha llegado para los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde parece necesario ceses o dimisiones
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