La Xunta amenaza al Gobierno con los tribunales por los pélets

Las tareas de limpieza del vertido de pélets que salpicó la costa gallega entre finales de 2023 y principios de 2024 costó a las arcas públicas autonómicas más de 2,3 millones de euros. La Consellería de Medio Ambiente no está dispuesta a que sean los gallegos y las gallegas quienes tengan que asumir esa carga y, por eso, insiste al Gobierno central para que agilice los trámites para reclamar a los responsables del vertido que se hagan cargo de los costes. De lo contrario, han advertido este jueves en un comunicado, el Ejecutivo autonómico amenaza con llegar a los tribunales.La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, para insistirle en su solicitud de información sobre la reclamación por el daño ambiental y los costes generados por el vertido. En diciembre de 2023, el buque mercante Toconao perdió un contenedor de pélets en la costa portuguesa salpicando muchas playas gallegas de microplásticos difíciles de recoger por sus características.Noticias relacionadas estandar Si El acto de Rueda para celebrar su primer año de legislatura indigna a la oposición J. Hierro estandar Si BALANCE DEL PRIMER AÑO DE LEGISLATURA Rueda defiende las promesas cumplidas frente al «ruido» y la «inestabilidad» Luis García LópezEn concreto, lo que ha hecho la conselleira con esa misiva es reclamarle datos sobre la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambienta, que el Ejecutivo autonómico ya había solicitado formalmente en enero del año pasado . El Gobierno del socialista Pedro Sánchez, explica la Consellería en un comunicado, debería identificar a los responsables del suceso, evaluar los daños mediombientales y definir las medidas de prevención y reparación para, a continuación, exigir a los responsables que se hagan cargo de los costes que supusieron para la Xunta y para los concellos todos esos trabajos.Y es que el operativo, durante el que en aquellas semanas se actuó en más de 630 playas de un total de 66 municipios costeros, tuvo un coste estimado de 2,3 millones de euros, según los cálculos de la Consellería. «Un desembolso económico que no tiene que ser asumido por los gallegos y gallegas, sino por los responsables de los daños causaron», insiste en una de prensa enviada a los medios el departamento de Vázquez.Ante esta realidad, la Xunta exige al Ejecutivo central que inicie, sin demora, el mencionado procedimiento. De mantenerse ese «silencio» en el Ministerio, avisa la Consellería, la Xunta presentará un recurso de alzada, «paso previo a la interposición de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa».