La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto a cero el contador para decidir si definitivamente eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el borrado sustancial de los delitos a los ex altos cargos socialistas en Andalucía que aplicó el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de corrupción de los ERE . El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia hispalense ha fijado tres días para «la deliberación» sobre la presentación de una cuestión prejudicial o consulta al tribunal con sede en Luxemburgo. A través de una providencia notificada este martes 22 de abril, facilitada a ABC, se cita los próximos días 24 y 29 de abril y el 13 de mayo de 2025 para despejar esta incógnita, después de que el órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido , controlado por los magistrados nombrados a propuesta del PSOE, anulara parcialmente la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Dicha resolución, confirmada después por el Tribunal Supremo, condenó a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el reparto arbitrario y sin ningún control de casi 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 en el conocido como caso ERE.Tanto la Fiscalía, siguiendo las instrucciones del fiscal general Álvaro García Ortiz , como las defensas han pedido al tribunal que renuncie a elevar la cuestión prejudicial a Europa, mientras que la acusación popular ejercida en el proceso por el PP andaluz apoya firmemente la iniciativa.Tras amenazar con vetar la cuestión prejudicial haciendo valer dos artículos de la ley reguladora del Constitucional, Conde-Pumpido se ha resignado a no emprender ninguna maniobra contra la Audiencia de Sevilla . Ha tirado la toalla después de que ni siquiera haya conseguido recabar el apoyo del Pleno del órgano que preside para acordar una declaración institucional en defensa de la jurisdicción del TC. En esta decisión final han pesado los informes de los letrados del propio Constitucional que desaconsejaban tratar de frenar la iniciativa de los magistrados de Sevilla.Estudiará las alegaciones de las defensas, fiscales y acusaciónLos jueces de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla —la sala que el 19 de noviembre de 2019 dictó la primera sentencia en la pieza política de esta macrocausa — parecen dispuestos a aguantar el pulso convencidos de que la ley está de su parte, pero quieren hacerlo con las suficientes garantías y sin dar pasos en falso. Por esta razón, han fijado tres días para estudiar los pros y contras de recurrir a la Justicia europea, tras recabar las alegaciones de las distintas partes que intervienen en el proceso.El tribunal que condenó a Chaves y Griñán sostiene que las sentencias del Constitucional pueden ser contrarias al Derecho comunitario, que prevalece sobre las resoluciones que adopte cualquier Estado miembro. Sospechan que vulneran las directivas europeas sobre la lucha contra la corrupción , como advirtieron los magistrados del sector conservador del TC a través de votos discrepantes con el amparo a los exdirigentes socialistas que concedieron los miembros del bloque progresista.La Audiencia de Sevilla ha dado muestras de que no se va a achantar ante el intento de Cándido Conde-Pumpido de impedir que recurra a la Justicia europea. Que no se va a mover de su posición quedó de manifiesto cuando el pasado 27 de marzo emplazó al Constitucional a que justificara «la finalidad o razón de ser de tal solicitud». Era su respuesta a la petición que había cursado el órgano de garantías para que le enviara la providencia en la que la sala encargada de revisar la sentencia de los ERE sondea a las partes (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas de los acusados) sobre la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si aplica o no las diez sentencias del TC que alivian las penas a antiguos cargos autonómicos. La Audiencia cree que el TC se extralimitóEn su providencia, la Audiencia propuso una cuestión prejudicial «de interpretación» para conocer si el Constitucional «se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar […] la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo».Estos jueces cuestionaban también que el Constitucional esté cumpliendo la exigencia internacional de lucha contra la corrupción. Por último, dejaban abierta la puerta a no aplicar las sentencias del TC referidas a las leyes de presupuestos de 2002 a 2009 porque estas dan a entender que serían lícitas las conductas de los ex cargos condenados por la Audiencia y el Supremo.
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