El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , volvió a ignorar este martes a la mayoría del Consejo Fiscal y siguió adelante con la propuesta de nombramiento del coordinador de la nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, una plaza para la que propuso al fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Emilio Sánchez Ulled. García Ortiz desoía así la petición de abstención formulada por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) -que cuenta con seis de los nueve representantes del órgano elegidos por la carrera-, que le había instado a dar un paso al lado en este nombramiento teniendo en cuenta que este nuevo fiscal se va a encargar de fijar criterio en delitos de corrupción como el que ha llevado a la imputación del propio fiscal general ante el Supremo (revelación de secretos). Pese al rechazo de la AF y de la representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) a que se siguiera adelante con este punto del orden del día, el fiscal general se negó a retirarlo y continuó adelante con la votación, en la que según fuentes fiscales, en señal de protesta, no participó ninguno de estos consejeros. Con el respaldo de los dos vocales de la UPF y de las dos natas -la teniente fiscal y número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa del servicio de inspección, María Antonia Sanz Gaite-, el fiscal general anunciaba que proponía a Sánchez Ulled.Noticia Relacionada estandar Si García Ortiz pretende nombrar a un fiscal que puede ayudarle en su caso Nati VillanuevaUna situación similar se dio con motivo del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática, en la que García Ortiz rechazó estudiar la posible incompatibilidad de su antecesora y exministra de Sánchez con las actividades desplegadas en el despacho de su marido, Baltasar Garzón. El nombramiento fue directo a la Sala Tercera del Supremo, que obligó al fiscal general a cumplir con el examen de esa aparente incompatibilidad.Fiscal del caso Palau y de la consulta soberanista de Artur Mas el 9N, entre otros procedimientos, Sánchez Ulled se encuentra en situación de servicios especiales, pues desde junio de 2017 es consejero de Justicia en la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Su trayectoria profesional ha tenido lugar fundamentalmente en Cataluña, desde 2002 en el Servicio de Delincuencia Económica, y en el Servicio de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Barcelona. Desde 2005 hasta 2017 fue fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Además, ha sido responsable de las relaciones de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Provincial de Barcelona con los medios de comunicación entre 2007 y 2008.Aunque el nuevo fiscal coordinador no tendrá funciones jurisdiccionales, sí puede adoptar decisiones interpretativas sobre los delitos de su competencia (entre los que está el de revelación de secretos) y esos criterios tienen que ser cumplidos por quienes integran la carrera fiscal, lo que incluye a la propia teniente fiscal, que es la que está personada en la causa penal abierta contra el fiscal general en el Supremo por la filtración relativa a Alberto González Amador, pareja del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.Para la asociación mayoritaria de fiscales, la plaza de Sánchez Ulled carece de justificación porque su ámbito competencial coincide con el de Anticorrupción. Los vocales entienden que siendo esto así, será en cada caso el fiscal general quien valore si existe o no la «especial trascendencia» que justifique la intervención de la Fiscalía Anticorrupción o la de la nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública con la consiguiente inseguridad jurídica que esto plantea.A todo esto se suma, además, que Sánchez Ulled es de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la que García Ortiz ha sido portavoz y que desde la llegada de Delgado a la Fiscalía General ha aumentado exponencialmente su presencia en la Junta de Fiscales, formada por una treintena de miembros del Ministerio Público de primera categorí a.De esta asociación ha salido también el segundo de los agraciados este martes, Fernando Rodríguez Rey, coordinador de la nueva Fiscalía de Delitos Económicos. Aunque ya era fiscal de Sala delegado en este ámbito desde 2022, ahora pasará a estar al frente de una unidad especializada que contará además con dos fiscales adscritos y fiscales especialistas en todo el territorio.Fiscal desde 1991, los primeros destinos de Rodríguez Rey fueron la Fiscalía del TSJ de Cataluña y la Provincial de Barcelona, en cuyo servicio de delitos económicos estuvo durante 14 años. Además, fue fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción y delegado de Extranjería en Cataluña y entre 2018 y 2020 asumió la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Junto con estas dos nuevas fiscalías -creadas en el marco del Plan de Regeneración Democrática que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 para reforzar la lucha contra la corrupción-, el Consejo Fiscal de este martes cubrió las plazas de otras tres jefaturas: la de Violencia contra la Mujer, que recayó en la única candidata que se presentaba, María Eugenia Prendes, fiscal superior de Asturias desde septiembre de 2024; y la de Seguridad Vial, en manos de Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, hasta ahora adscrito al fiscal de Sala coordinador de esta especialidad.Acceso a la carreraEl Consejo Fiscal abordó también su informe sobre el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal. Fuentes del órgano señalaron que se debatió con profusión la creación del cuarto turno de acceso, el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal y el papel que jugará el Centro de Estudios Jurídicos en la preparación y becas de opositores.
Leave a Reply