La juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre en Valencia ha citado a declarar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y a quien era entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, así como al director y al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín y Jorge Suárez.Además, entre las trece comparecencias acordadas sin fecha todavía, incluye también la de las alcaldesas de Paiporta -Maribel Albalat- y Catarroja -Lorena Sirvent- y la del alcalde de Sedaví -José Francisco Cabanes-, localidades de la zona cero. En total, cita a declarar a trece personas más sin fecha todavía.Así se extrae del contenido de un auto, fechado este mismo jueves y consultado por ABC, en el que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valencia responde a la solicitud de diligencias del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas.La juez deniega citar como investigados a las cuatro personas -Polo, Basset, una jefa de servicio del coordinación del 112 y una técnico de comunicación de Emergencias- que Argüeso proponía, aunque sí lo harán como testigos. La instructora señala que el ex alto cargo “carece de legitimación” para exigir estas imputaciones, pues pese al informe de la Fiscalía que se pronunciaba en contra de la suya y a la espera de que la Audiencia de Valencia resuelva su recurso, él mantiene la condición de investigado.La instructora también rechaza algunas de las testificales propuestas por su defensa -como el conductor de su coche o el eurodiputado ‘Alvise’ Pérez, que estuvo con él el día posterior- al no guardar relación con la investigación en curso.Compromís se persona en la causaEn otros dos escritos, la magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros.La misma cuantía impone en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa, el ex secretario autonómico y la ex consellera de Justicia e Interior, e inadmitirla en relación al presidente de la Generalitat Valenciana, dada su condición de aforado.El quinto auto desestima un recurso de reforma contra la decisión de la juez de denegar la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112 por su afectación al secreto de las comunicaciones, mientras que el sexto deniega la solicitud de investigación realizada por la defensa de la exconsellera sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.
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